Gil afirma que están a la espera de que la Generalitat convoque una reunión para firmar un convenio contra la siniestralidad laboral
VALENCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comulo que llevamos de año 1.200 diligencias de investigación de actas sobre irregularidades en centros de trabajo con propuesta de sanción remitidas por Inspección de Trabajo frente a las 600 que había el pasado mes de abril, según anunció hoy el fiscal coordinación de la sección de siniestralidad laboral, Jaime Gil.
Gil realizó estas declaraciones tras la primera reunión de la Comisión paritaria de seguimiento del convenio de colaboración suscrito con CCOO y UGT para atajar la siniestralidad laboral, que será convocada con carácter bianual en junio y noviembre, presidida por el fiscal jefe de TSJCV, Ricard Cabedo, y a la que también asistieron los fiscales jefes de Alicante y Castellón y representantes de los sindicatos.
Al respecto, Gil señaló que si cuando se firmó el convenio el pasado 20 abril había 600 diligencias de investigación de la actividad de empresas donde, aunque no se había registrado la muerte de ningún trabajador ni había resultado nadie herido, las circunstancias hacían previsible un accidente laboral, lo que permite a este órgano actuar sin necesidad de que se llegue a producir un siniestro, esta cifra ha aumentado hasta las 1.200 en lo que llevamos de año.
En ese sentido, explicó que de estas investigaciones muchas de ellas una vez estudiadas se devuelven a Inspección de Trabajo para que continúen por vía administrativa, mientras que las que se considera que "tiene mayor entidad", continúa la investigación para culminar en denuncia interpuesta por la propia Fiscalía. No obstante, aunque rehusó dar un porcentaje de cuántas siguen por la vía penal, confirmó que porcentualmente "no son muchas". "Tampoco es voluntad de la Fiscalía judicializar todos los casos porque la vía administrativa también cumple su función", señaló.
Asimismo, comentó que las denuncias interpuestas a raíz de la colaboración con la Inspección de Trabajo son unas 15, lo que es "un cambio significativo dado que antes no se ponían", al igual que destacó la colaboración de los sindicatos ya que señaló que con toda probabilidad se presentará otra denuncia a raíz de reportaje de trabajadores en situación de riesgo remitido por CCOO.
Por otra parte, Gil señaló que la Fiscalía está a la espera de que la Dirección General de Trabajo convoque la reunión que fue pospuesta el pasado 9 de junio por problemas de agenda del director general de Trabajo, Román Ceballos, para analizar la firma de un acuerdo de colaboración al igual que ya existe en otras comunidades como Andalucía Aragón, Asturias, Cataluña o la Rioja dado que en materia de siniestralidad laboral "aunque es un problema que no se arregla con un convenio, es preciso que todas las partes estén intercomunicadas porque no puede ir cada uno por su lado".
En ese sentido, destacó la importancia de esta firma, a la que vendría el Fiscal General del Estado, que permitiría fomentar "la cultura de la prevención". Por ello, incidió en la importancia de que la Fiscalía mantenga una relación "fluida" con la Administración autonómica al igual que tiene ahora con los sindicatos en esta materia para atajar este problema "importante" en el que "hay que poner todas las energías". "Espero que la Inspección de Trabajo manifieste una voluntad receptiva a iniciar conversaciones para este convenio y me consta que será escuchado con agrado", señaló.
De hecho, destacó que las "buenas relaciones" que se mantienen con la Inspección de Trabajo "están dando frutos" y desde la Fiscalía "se está aumentando sensiblemente el número de denuncias que se ponen cuando hay situación de riesgo con un acta de paralización".
Asimismo, esta primera reunión de la comisión se acordó organizar unas jornadas conjuntas ente Fiscalía y sindicatos en las tres provincias en materia de formación y sirvió además para que CCOO y UGT informasen de las actuaciones que realizan, así como de las relaciones que mantienen con la Generalitat y las estadísticas sobre las materia de las que disponen.
Por su parte, Miguel Llanes, responsable de UGT, exigió la creación de los 60 puestos de inspectores comprometidos en la constitución del Invassat porque es "la primera fuerza de choque" para reducir la siniestralidad, "que va en aumento". Del mismo modo, Llanes, que calificó este comienzo de "esperanzador", destacó la necesidad de sensibilizar a los trabajadores y al empresariado de sus responsabilidades.
Por último, Juan Martínez, de CCOO, agregó la importancia de priorizar las actuaciones para acabar con "delitos de riesgo" por su interés preventivo contra "la mala praxis" de los empresarios.
