Gaspar (PSPV) plantea la creación de una banca pública valenciana "sin cargos políticos en su cúpula"

Publicado 17/02/2014 18:20:17CET
Toni Gaspar (PSPV) con el presidente del Colegio de Economistas de Valencia
PSPV

VALENCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las primarias del PSPV-PSOE, Toni Gaspar, ha incidido este lunes en la necesidad de disponer de una banca "valenciana, pública y ética" para "evitar repetir errores del pasado". En ese sentido, ha mostrado su interés por que este nuevo sistema bancario se caracterice por "una gestión profesional y transparente".

"Necesitamos una banca pública valenciana sin cargos políticos en su cúpula y cuya regulación esté recogida en el Estatuto", ha destacado. Gaspar se ha pronunciado de este modo tras reunirse con el decano presidente del Colegio de Economistas de Valencia, Juan Manuel Pérez Mira, y su directora gerente, Ester Ruano.

Durante su intervención ha propuesto que se utilice el Instituto Valenciano de Finanzas y "las experiencias de cajas saludables, como Caixa Ontinyent, como base" para construir esta nueva banca valenciana.

De este modo, ha resaltado la "destacada" evolución de esta caja que es "la única que queda de la Comunitat Valenciana y una de las dos de toda España, después de que todas las demás se hayan visto involucradas en fusiones, transformaciones en banco o, incluso, intervenciones".

Para el candidato socialista, "hay que apoyar un modelo económico diferente", y considera que "esto pasa por repensar cómo debe ser el sistema bancario". Gaspar ha hecho hincapié en que "para que la economía se reactive, el crédito debe fluir" hacia las pymes y las familias.

Sin embargo, ha apuntado que la circulación de capital hacia estos grupos no debe hacerse "a cualquier precio", sino que se debe regir por "unos parámetros éticos y públicos".

Por último, ha indicado que, en lo referente a la regulación bancaria de este nuevo sistema valenciano, "los requisitos de capital deben estar por encima, incluso, del estándar europeo", consistente en el denominado Acuerdo Basilea II, que pretende asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos mediante el establecimiento de unos requerimientos de capital.