La Generalitat ordena el cierre de un centro para menores neerlandenses en Aspe por no tener autorización

   ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Generalitat Valenciana ha ordenado el cierre de un centro para menores neerlandeses ubicado en la localidad de Aspe (Alicante) porque "no cuenta con la preceptiva autorización de funcionamiento, lo que vulnera la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos".

   Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia del gobierno autonómico, consultadas por Europa Press este martes, han precisado que "se ha exigido el cese inmediato de la actividad" en las instalaciones por ese motivo.

   Desde el departamento que dirige la consellera Elena Albalat han apuntado que, "en caso contrario" de que no se produzca ese cierre, se abrirá un expediente sancionador al centro y se podrían adoptar medidas legales.

   Recientemente, y en relación con este caso, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha abierto una queja de oficio para esclarecer las condiciones de atención y trato de los menores residentes en el centro.

   Todo ello, después de que medios de comunicación se hicieran eco de una noticia difundida por la televisión pública neerlandesa relativa a denuncias sobre las condiciones de trato y atención en el complejo a menores neerlandeses residentes con problemas de conducta.

   Varias informaciones recogían denuncias sobre supuestas prácticas "represivas" y posibles incumplimientos de normativa europea. Asimismo, apuntaban a la existencia de informes y actuaciones previas de diferentes organismos de protección de la infancia de Países Bajos relacionadas con este recurso.

INVESTIGACIÓN DEL SÍNDIC DE GREUGES

   Según la resolución de inicio de investigación al centro, firmada el pasado 21 de septiembre y consultada por Europa Press, el defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, pretende averiguar si se han vulnerado derechos fundamentales de la infancia, entre ellos, a la integridad física y psíquica, a la protección frente a cualquier forma de violencia y al interés superior del menor.

   Ese documento señala que cualquier menor de edad que esté en territorio español está amparado por la legislación estatal y autonómica de protección de la infancia, "con independencia de su nacionalidad".

   Igualmente, subraya que el interés superior del menor tiene que prevalecer en cualquier actuación que les afecte y que "los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser bien tratados y a ser protegidos contra cualquier forma de violencia".

   También resalta que "la situación descrita en los medios de comunicación ha generado una importante preocupación en el Síndic de Greuges", ya que, "de confirmarse los hechos descritos y la falta de comunicación de las autoridades neerlandesas a la administración competente en la Comunitat Valenciana", supondría una "mayor" posición, "si cabe", de "indefensión y vulnerabilidad" para los menores.

   En la resolución, Luna requiere a la Conselleria para que, en el plazo de un mes, detalle si el centro "informó a la administración autonómica de su apertura", si cuenta con las autorizaciones correspondientes y "desde qué fecha".

   Además, le pide conocer si el centro está sujeto a la misma normativa y protocolos que los de protección a la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana o si, por el contrario, "rigen otros distintos".

   También que informe sobre si ha hecho inspecciones en el citado centro, qué motivos las han propiciado y en qué estado están, si hubiera, "las subsanaciones de los incumplimientos", y si se hace "seguimiento" de ello.

   El defensor del pueblo valenciano pretende, igualmente, conocer si la Conselleria, antes de que se publicaran en medios de comunicación esas informaciones, "tenía conocimiento de la situación descrita en el centro".