La Generalitat pide al juzgado personarse como acusación particular en la causa de las VPP de Alicante

   ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

   La Generalitat Valenciana ha pedido a la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, que acepte su personación como acusación particular en el procedimiento. El gobierno autonómico, del PP, quiere "no ser un mero testigo del proceso penal" y "poder intervenir activamente como parte procesal afectada".

   Esa petición consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido a la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. El abogado coordinador de la Generalitat firma ese documento con fecha de 27 de abril de 2026.

   En concreto, el letrado detalla que se solicita "la personación en las diligencias previas" para "defender los intereses de la Generalitat en el procedimiento judicial que se está tramitando", una vez que la Abogacía General de la Generalitat ha recibido "autorización para el ejercicio de acciones".

   En dicha autorización, a la que también ha tenido acceso Europa Press y que está firmada el 24 de abril de 2026 por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, se hace una cronología de actuaciones de la administración autonómica en los últimos meses.

   Así, en primer lugar, se indica que "el pasado día 30 de enero de 2026" el secretario territorial adjunto de Vivienda de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad remitió "informe dirigido a la Dirección General de Planificación y Políticas de Vivienda referido al expediente de calificación definitiva" de estas VPP "de promoción privada", "con fecha de calificación definitiva 14 de julio de 2025, acogida al Decreto 68/2023, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico de patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat".

   Se añade que "en el mencionado informe se hace constar que todas las personas que han accedido a las viviendas integrantes de la citada promoción, y respecto de las cuales el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante ha expedido el correspondiente visado del contrato de compraventa, cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa de aplicación, y en particular los previstos en el citado Decreto 68/2023 y en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana".

   También se afirma que "el mismo día 30 de enero de 2026" se remitió al secretario territorial adjunto de Vivienda de Alicante "escrito de la Secretaría Autonómica de Vivienda" en el que se solicitó "informe detallado del expediente" de la promoción de Les Naus "en el que se hiciera constar" el "número de viviendas que conforman la promoción calificada", "acreditación documental del cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios para el acceso" a los citados inmuebles, "acreditación del correcto cumplimiento del procedimiento preceptivo para el otorgamiento de los visados de contrato realizado por el servicio territorial, es decir, si por el técnico asignado se han realizado las comprobaciones preceptivas y emitido los informes necesarios", y, además, "identificación de las personas intervinientes en el expediente de referencia", así como "cualquier otro extremo que desde ese servicio territorial" se considerara "necesario para determinar el inicio del expediente administrativo correspondiente".

FUNCIONARIO EXPEDIENTADO

   En este sentido, se detalla que "el 2 de febrero de 2026" se recibió "un primer informe" del secretario territorial adjunto de Vivienda de Alicante en el que se puso de manifiesto "un informe sobre el visado" de una de las VPP.

   Se da la circunstancia de que ese inmueble al que se hace referencia es el de la mujer que es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante y, a su vez, es pareja del funcionario al que la Conselleria expedientó --lo suspendió de empleo y sueldo-- por visados de la promoción.

   Tanto ese técnico de la administración autonómica como la mujer figuran entre las 15 personas que están citadas como investigadas en el juzgado: él para el 20 de mayo, como "jefe de la Sección de Vivienda Protegida", y ella para el 5 de junio, como beneficiaria. Un cargo de Vivienda dijo como testigo ante la magistrada que ese funcionario le dijo "lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades", según fuentes conocedoras de la declaración.

   Así, también se recoge ese escrito conocido ahora, que se propuso al subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad esa "propuesta de incoación de expediente disciplinario sobre el meritado expediente". Finalmente, ese expediente se abrió al funcionario "por la presunta comisión de faltas muy graves".

   Del mismo modo, se recalca que "el 3 de febrero de 2026" el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, puso en conocimiento de la Fiscalía "la posible comisión de diversos delitos".

   Además, se indica que "el 31 de marzo de 2026", y "habiendo tenido conocimiento" de que el juzgado "tiene abiertas diligencias previas", se ordenó "la suspensión de la tramitación del expediente disciplinario" a ese funcionario "hasta que se produzca un pronunciamiento por el órgano judicial correspondiente respecto de los hechos que motivaron la apertura de las diligencias previas", así como "levantar la medida cautelar de suspensión de funciones acordada en el expediente disciplinario".

   A esta cuestión se han referido desde la Generalitat recientemente. Este funcionario ya ha regresado a su puesto de trabajo porque al haber una "investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa", aunque no se va a encargar de tareas de visado de inmuebles, según afirmó el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

"EN CALIDAD DE ACUSACIÓN Y PERJUDICADO"

   En el escrito de autorización, también se indica: "En el marco del procedimiento de diligencias previas, se han practicado actuaciones de declaración de testigos y está prevista la declaración de nuevos testigos, así como de varias personas en calidad de investigados, tal como hemos podido conocer a través de los medios de comunicación".

   Igualmente, se señala que, "tras todo lo expuesto, y entendiendo que, habiéndose iniciado el procedimiento de diligencias previas a partir de la denuncia de hechos remitida al ministerio fiscal, y con la finalidad de no ser un mero testigo del proceso penal, y poder intervenir activamente como parte procesal afectada, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de que la Generalitat se persone en el citado procedimiento judicial en calidad de acusación y perjudicado".

PRÓXIMAS DECLARACIONES

   Un total de 15 personas están citadas como investigadas en la causa. Entre ellas, están la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez y la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman.

   También funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Vivienda, además de diez beneficiarios de las adjudicaciones y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, el administrador único.

   Para este viernes, 8 de mayo, están llamadas como testigos siete personas. Son, por un lado, tres técnicos del consistorio: la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese servicio y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.

   Por parte de la Conselleria, son el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, además de la jefa de Sección de Emergencia Habitacional, una técnica en Arquitectura y otra de gestión de Administración General.