Un interventor del Estado destaca "la ausencia de concurrencia y el escaso tiempo" en el concurso del hospital de Haití

Publicado 23/07/2019 17:22:29CET
Rafael Blasco (izq, exportavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas) y el empresario Augusto César Tauroni (dcha) en imágnes de archivo
Rafael Blasco (izq, exportavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas) y el empresario Augusto César Tauroni (dcha) en imágnes de archivoEUROPA PRESS - Archivo

   VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un Interventor del Estado ha declarado este martes en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG por parte de la extinta Conselleria de Cooperación y Solidaridad que dirigía el 'popular' Rafael Blasco y por el hospital de Haití que no llegó a construirse. Sobre este último proyecto, ha asegurado que el concurso para su adjudicación, que ganó la organización Esperanza Sin Fronteras, presentaba "ausencia de concurrencia", así como "escaso tiempo" para preparar los proyectos y ofertas y ha confirmado que únicamente se presentaron dos opciones más, pero eran meramente simbólicas.

   En definitiva, este funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que ha comparecido en calidad de perito, ha explicado que la ONGD que presidía Fernando Darder --acusado en esta causa-- se hizo con el concurso del estudio técnico del hospital que el Gobierno valenciano, en la época del PP, pretendía construir tras el terremoto que asoló Haití sin cumplir los "requisitos" necesarios para afrontar dicho proyecto.

   Así se ha pronunciado este martes este perito en una de las últimas jornadas del proceso en el que se juzga al exconseller y exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, la que era su cúpula en este departamento y los principales empresarios por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONGD y en el proyecto del fallido hospital en Haití. En esta jornada ha declarado este interventor del Estado, en fase de periciales, y se prevé que el juicio quede visto para sentencia al final de esta semana.

   Entre los empresarios acusados en esta causa se encuentran Arturo Tauroni, que dirigía la Fundación Hemisferio, y su hermano Augusto César, quien supuestamente también estaba detrás de esta entidad. La mayor parte de los acusados ya reconocieron los hechos al inicio del juicio oral para alcanzar pactos totales o parciales con las acusaciones.

   El perito ha señalado, a preguntas del fiscal de Anticorrupción Jesús Carrasco, que ONG "muy diferentes" recurrían a los mismos proveedores, lo que le resultó "muy significativo". Esto ocurría, ha continuado, en "concursos de distintos proyectos y distintos años". Además, ha destacado que muchas de las cuentas perceptoras de pagos por parte de estas organizaciones estaban abiertas en Estados Unidos.

   Ha puesto de relieve también que "en muchos de los expedientes no había ni siquiera facturas" y, en otros casos, "determinados trabajos por los que se facturaba eran copiados o no tenían ningún valor añadido".

COSTE DE LOS INVERNADEROS

   Se ha detenido el interventor del Estado en el caso de los invernaderos que la Conselleria de Blasco encargó montar en varios países, entre ellos en la República Dominicana. Ha indicado que empleó las tarifas de la empresa pública Tragsa, puesto en son públicas y fijas, y en base a estos datos reprodujo lo que costaría hacer los agujeros y las sujeciones de los invernaderos. Su conclusión fue que el coste de estos trabajos, realizados por Fudersa, era "muy inferior a lo que se facturó".

   El auditor también ha sostenido en varios momentos de su prolija comparecencia que numerosas ONG "no reunían en absoluto las condiciones para recibir subvenciones". Es el caso de Ceiba o de Gestión Solar Pobla, que no tuvo ninguna actividad en el año 2008, se dio de baja en 2009, y en 2010 se volvió a dar de alta para cobrar 45.000 euros por un proyecto de Cooperación y "la inmensa mayoría del dinero salió en efectivo".

   "No hay más movimientos que indiquen que esta empresa tenía alguna actividad", ha desgranado el perito, que ha agregado que esta empresa "carecía de medios y de actividad para hacer ningún trabajo".

   En definitiva, ha concluido que, en muchos casos, "ni las ONG ni los proyectos cumplían los requisitos para las adjudicaciones" y, además, una vez estas organizaciones se hacían con las adjudicaciones y tenían que abordar un determinado proyecto, "acudían a proveedores de países que no eran en los que se iban a ejecutar los proyectos".

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