CASTELLÓN, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha fijado una fianza de responsabilidad civil de 800.000 euros para el exsenador del PP Miguel Prim, imputado en el 'caso Naranjax' por su posible intervención en un delito de tráfico de influencias, después de que el ministerio fiscal y las acusaciones hayan formulado escritos de acusación contra él.
Así, el juez añade la imputación de Prim en un nuevo auto de apertura de juicio oral, de fecha 9 de marzo, en el 'caso Naranjax', en el que está imputado el ex presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP provincial, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, que amplía el emitido con interioridad y en el que se le imponía a Fabra una fianza de 4,2 millones de euros.
El juez ordena que el exsenador preste la fianza en el término de una audiencia y, si transcurrido dicho término no lo hace, acuerda que se le embarguen bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o que acredite la insolvencia.
La imputación de Miguel Prim se incluyó en un auto dictado por el juez después de que la Audiencia de Castellón revocara el pronunciamiento de sobreseimiento provisional en relación con él, lo dejara sin efecto, y acordara la continuación de las actuaciones por su posible intervención en un delito de tráfico de influencias.
Así, en la ampliación de la exposición de hechos del auto de fecha 23 de diciembre de 2001, en que aparece Prim como imputado, se indica que éste participó en una reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura el 12 de julio de 1999 con el entonces ministro Jesús Posadas; el exsecretario de Hacienda, Juan Costa; el entonces diputado Juan José Ortiz, y el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, uno de cuyos puntos del día era los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios de la empresa Naranjax.
En dicha reunión también intervino Rafael Millán Díez, entonces director general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para informar concretamente del estado administrativo en el que se encontraban los productos de las empresas del exsocio de Fabra, Vicente Vilar Ibáñez, y de la exmujer de éste, Montserrat Vives Plaja, ambos también imputados en esta causa.
En la misma exposición se indica que, tras la citada reunión, Miguel Prim, haciendo valer su condición de senador por Castellón, presionó a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura para que agilizasen la concesión de licencias a los productos fitosanitarios, entre ellos los de las empresas de Vicente Vilar y Montserrat Vives, remitiendo, incluso, una carta de fecha 2 de septiembre de 1999 a la atención del entonces ministro del ramo en la que le recriminaba que en la fecha indicada no se hubiera actuado conforme a como él entendió que se había quedado en la reunión.
CUENTAS DE FABRA
Sobre este caso, el juzgado de instrucción número 1 de Nules ha señalado este miércoles que no se ha procedido al embargo de cuenta alguna de Carlos Fabra, quien señaló hace semanas, cumpliendo con la petición del juzgado, los bienes susceptibles de ser embargados para asegurar la fianza por posible responsabilidad civil, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Sobre esos bienes, el juzgado ha emitido los mandamientos correspondientes para que se anote en el Registro la situación de embargo cautelar. El juez dio traslado a las partes personadas, que son las que solicitaron que impusiera la fianza, para que se pronunciaran en el sentido que consideraran oportuno sobre los bienes señalados por Carlos Fabra como susceptibles de ser embargados para hacer frente a la fianza y, de acuerdo con esta instancia, ninguna de ellas se ha pronunciado sobre si esos bienes cubren o no, a su criterio, la fianza solicitada, según la misma fuente.
El juzgado no ha previsto instar ninguna otra medida sobre el patrimonio de Carlos Fabra, salvo que los bienes señalados no estén disponibles para ser embargados cautelarmente como se ha ordenado, por lo que ha precisado que no se ha procedido ni está previsto en las circunstancias actuales embargar las cuentas del imputado.
