VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justicia, Reformas Democráticas y Libertades Públicas pondrá a disposición de los representantes de las familias biológicas de niñas y niños robados la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito, aprobada por el Decreto 165/2016, que supone la creación de una nueva red pública de atención a la víctima del delito a través de la cual podrán acceder a información, asesoramiento y atención jurídica especializada.
Según ha explicado el secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, que ha presidido la reunión de la Comisión Interdepartamental de apoyo a las familias biológicas de bebés robados, la Consejería de Justicia también ha incluido en el anteproyecto de ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana la obligación de colaborar con otras administraciones, entidades y organismos para abordar la desaparición forzada de niñas y niños ocurrida durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Puchades ha destacado que el Gobierno valenciano se compromete a "articular los procedimientos legales que permiten investigar y conocer toda la verdad sobre las desapariciones de bebés durante el franquismo, un delito calificado por la Comisión de Naciones Unidas en su informe sobre personas desaparecidas como de lesa humanidad, dotando de cobertura jurídica, psicológica y asistencial a las víctimas".
La reunión, que ha contado con la presencia del secretario autonómico de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Narciso Vázquez; la directora general de Justicia, Maria de Àngels Garcia Vidal, y representantes de las asociaciones de familiares, ha informado sobre la reforma del Decreto 30/2013, de 8 de febrero, de creación de la Comisión Interdepartamental de apoyo a las familias biológicas de bebés robados y a las asociaciones que las representan, para constituir un grupo de trabajo que doy respuesta a todas las necesidades planteadas.
El grupo de trabajo, que contará con representación de las asociaciones y de cada una de las consejerías implicadas en el proceso, servirá para "articular los mecanismos que aseguran el máximo apoyo público a las víctimas y ofrecer soluciones legales a los problemas de acceso a la documentación necesaria para la resolución de los casos y su posterior remisión a la justicia", ha explicado Puchades.
