El juzgado envía a la Audiencia de Alicante el supuesto amaño del PGOU para fijar el juicio a Castedo, Alperi y Ortiz

Alperi y Castedo, en sendas imágenes de archivo
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Publicado 07/11/2018 15:02:50CET

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha dado traslado a la Audiencia Provincial de la causa por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para que fije fecha para el inicio del juicio oral contra los exalcaldes 'populares' Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y contra el constructor y empresario Enrique Ortiz.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press prevén que la vista no se celebre antes del año 2020 en un proceso se ha dilatado debido a que el magistrado instructor, Manrique Tejada, ha tenido que resolver todos los recursos presentados por Fiscalía y defensa, mayoritariamente, durante los últimos meses.

El magistrado dictó el auto de apertura de juicio oral el pasado mes de febrero, después de dar por finalizada la instrucción. Sin embargo, la Sección Primera de la Audiencia de Alicante admitió parcialmente una queja y un recurso de la Fiscalía por la omisión de los responsables civiles subsidiarios en esa resolución.

Como consecuencia, el magistrado dictó en mayo un auto aclaratorio de la apertura en el que ordenó incluir a diez mercantiles como responsables civiles subsidiarias vinculadas al constructor alicantino y a sus socios, Pablo Rico y Javier Gutiérrez, entre otros. A esas empresas se les pide una fianza de 1,3 millones de euros

El juzgado abrió en febrero juicio oral a los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo y al empresario Enrique Ortiz, entre otros, por presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al PGOU de la ciudad, una rama del caso Brugal cuya investigación arrancó en 2010.

10 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTAS MILLONARIAS

La Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de prisión para Luis Diaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 y 24 años, respectivamente, por delitos re revelación de ifnormación provilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencia. A Castedo además, le suma prevaricación. Por su parte, para el empresario Enrique Ortiz reclama 8 años de prisión y 10 de inhabilitación por tráfico de influencias y cohecho.

Además de las penas privativas de libertad, Fiscalía pide multas que ascienden a 86 millones de euros para el constructor, 63 millones de euros para Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo. La multa para Castedo se explica porque la considera responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso con prevaricación.

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Alicante, solicita penas de 4 años y medio de prisión para Alperi y 4 años y 9 meses Castedo. Asimismo, solicita más de 1,3 millones de euros de multa para Alperi y 780.000 euros para Castedo, a quienes acusa de los delitos de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y, en el caso de Castedo, además, tráfico de influencias con prevaricación.

Por su parte, el consistorio solicita 5 años y 3 meses de cárcel y 63.000.000 de euros de multa para el empresario y constructor Enrique Ortiz por un delito de corrupción de autoridades, aprovechamiento de secretos y tráfico de influencias.

En esta causa también está personada Esquerra Unida, como acusación particular, que pide penas que suman 10 años de prisión para los exalcaldes del PP y 13 años para el empresario por delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Además, a Sonia Castedo le atribuyen el delito de prevaricación.

La acusación particular solicita para Castedo, Alperi y Ortiz una multa para cada uno de ellos de 42.100.911 euros, cifra en la que se cuantifica la diferencia del valor de los suelos participados por Ortiz antes y después del presunto amaño del PGOU.

En la causa también serán juzgadas seis personas más, entre ellas, los letrados Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias continuado y cohecho, y el hermano del constructor, Virgilio Ortiz, por corrupción de funcionarios públicos.

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