Actualizado 09/09/2014 11:05 CET

El juzgado que investiga presuntas irregularidades en contratos de RTVV cita al síndic de Comptes y a Rosa Vidal

El síndic de Comptes, Rafael Queralt
Foto: EUROPA PRESS

VALENCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna (Valencia), que investiga presuntas irregularidades en contratos de Radio Televisión Valenciana (RTVV), ha citado a declarar como testigos al síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, y a la ex directora general del ente, Rosa Vidal.

   Tanto Queralt como Vidal tendrán que testificar en el juzgado el próximo 26 de septiembre, en una causa abierta por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos en RTVV, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   En el procedimiento figuran cinco imputados: el exdirectivo de Ràdio 9 Lluís Motes; el exdirectivo de la sociedad Luis Redondo; Nuria Romeral --Ràdio 9--; la exdirectora de Televisión Valenciana (TVV) y ex secretaria autonómica de Comunicación del Consell, Lola Johnson; y el ex director general de RTVV José López Jaraba.

   Todos ellos prestaron declaración ante el juez el pasado mes de julio. Tanto Motes como Redondo defendieron que durante sus etapas como administradores de Ràdio 9 y de la televisión pública tan solo cumplían órdenes que venían de arriba, e insistieron en que tanto los contratos como los gastos y los presupuestos venían dados directamente por la Generalitat valenciana, empresa dueña de la sociedad.

   Por su parte, Romeral declaró que durante su etapa como responsable de la radio pública valenciana su labor se centró en cuestiones técnicas y periodísticas y que se dedicó a reducir los gastos, a bajar sueldos a los directivos y a aumentar la audiencia siguiendo instrucciones de la dirección general de RTVV, que en aquel momento ocupaba José López Jaraba.

   Lola Johnson afirmó ante el juez que no tenía capacidad para contratar en el ente y aseguró que la denuncia interpuesta contra ella es "absolutamente falsa, política y dolosa". Por su parte, Jaraba declaró que cuando se incorporó al ente la deuda histórica a largo plazo acumulada por la empresa ascendía en ese momento a 1.067 millones de euros y en los tres años de su mandato se redujo hasta los 823 millones.

DENUNCIA DE COMPROMÍS

   Este procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusaba a la excúpula de RTVV de generar un presunto agujero de 1.300 millones en contratos con medios de comunicación y productoras. El 'modus operandi' era, según recoge la denuncia, contratar fuera de presupuesto productos y servicios cada año por importe de 80, 90 o 120 millones de euros, lo que generaba una "desviación" que se vio reflejada en los informes de la Sindicatura de Comptes.

   En concreto, la denuncia abarca las actuaciones comprendidas desde el 2010 hasta la actualidad, para evitar que algunos delitos societarios hubieran podido prescribir. En ella, Compromís expone la "disposición dolosa de los recursos de que consta el ente público sin justa causa y en perjuicio de las arcas públicas" desde el ejercicio 2010, cuando la Sindicatura de Comptes ya apuntaba que TVV y RAV se encontraban en causa de disolución.

   Entre otros, se refiere a la adquisición de derechos deportivos, de colaboración comercial entre TVV y el Villarreal CF, al "irregular tratamiento" de los ingresos publicitarios, la existencia de un crédito a favor de RTVV de 901.000 euros de Las Provincias Televisión y Televisión del Mediterráneo por el múltiplex o la adquisición de los derechos de emisión de tres documentales a la productora Triskel.

   Los denunciantes consideran que los cinco exdirectivos de RTVV ejecutaron cargos mercantiles "con desprecio manifiesto de la más elemental 'lex artis' mercantil y empresarial, y al margen de sus deberes en relación con la situación financiera del ente", contrataron "incumpliendo los procedimientos legales" y "ocultaron contratos aduciendo para ello una presunta confidencialidad impropia en la gestión de fondos públicos".

   También les considera responsables de la "concesión de ventajas comerciales a clientes, que hacían que el servicio ofrecido por el ente público careciera de beneficio para el ente" o "falta de justificación" en las contrataciones.