VALENCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha juzgado este martes a un abogado, que responde a las iniciales de J.M.M., acusado de apropiarse durante cinco años del importe del alquiler de un local propiedad de la familia a la que representaba. En total, supuestamente se quedó con 12.805,82 euros.
El acusado, en la actualidad, está afectado de una pluripatología crónica grave derivada de un infarto isquémico cerebral, con una notable repercusión funcional a la hora de depender totalmente de terceras personas por sus graves problemas de deambulación de mantenimiento de las funciones vitales básicas.
Según consta en el escrito provisional del ministerio fiscal, un grupo familiar valenciano recibió por herencia un local comercial ubicado en la calle Cardenal Cisneros de la localidad valenciana de Algemesí, y contactó con el abogado acusado para presentar una demanda de desahucio contra el inquilino, puesto que no les pagaba.
El acusado presentó una primera demanda en un juzgado de Primera Instancia de Alzira en junio de 1995, que fue desestimada; y ésta confirmada por la Audiencia Provincial al año siguiente, con lo que anunció a los perjudicados que iba a presentar un recurso de casación.
Seguidamente, en el año 2000, el arrendatario presentó un acto de conciliación con la familia perjudicada, y a partir de entonces, el inquilino y el acusado acordaron que el pago de la renta del local de negocio de Algemesí se hiciera directamente a través del procesado, para que éste se lo entregara a la familia, según se indica en el mismo escrito fiscal.
Al menos desde el mes de agosto de 2004 hasta mayo de 2009, ambos inclusive, el inquilino libró mensualmente un pagaré por dicho importe de carácter nominativo, siendo el receptor de estas cantidades el propio acusado quien, guiado con un propósito económico, incorporó a su patrimonio todas las mensualidades que correspondía haber hecho entrega a la familia.
Ante la no recepción del dinero por la familia, el acusado, para tratar de ocultar el apoderamiento ilícito practicado, presentó una nueva demanda de desahucio contra el inquilino, con idéntico resultado desestimatorio en dos instancias. En octubre de 2010 se trató de efectuar un acto de conciliación entre la familia y el acusado, pero éste no acudió.
El fiscal estima en su escrito provisional que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida, por el que solicita una pena de prisión de 30 meses, y el pago de una multa de 2.700 euros. Además, exige que indemnice a la familia con 12.805,82 euros por las rentas indebidamente apropiadas.
