Llorca tacha al Gobierno de “racista” por pedir acoger más menores migrantes en las CCAA sin reforzar sus medios

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el hecho de que el Gobierno pida a comunidades como la Comunitat Valenciana que acojan más menores migrantes no acompañados sin reforzar sus medios es “lo más racista” que ha visto “en la política”, ya que ha señalado que mientras tanto “no llegan” estos menores a Catalunya o Euskadi por “un tema electoral” y por los compromisos alcanzados por el PSOE con partidos catalanes y vascos.

   Además, durante la sesión de control en Les Corts, el también líder del PPCV ha coincidido con el síndic de Vox, José Mª Llanos, en que el decreto del Gobierno para la regularización de migrantes pondrá “en jaque” a los servicios públicos de la Comunitat Valenciana si no hay más “ayuda” por parte del Estado. “Es una realidad”, ha advertido.

   En su intervención, el síndic de Vox ha denunciado, al igual que en los últimos plenos de Les Corts, que los servicios públicos valencianos se enfrentan un “colapso” por la atención de los “inmigrantes ilegales”. Ha pedido al Consell que desglose ese gasto por años y, aunque ha puesto en valor que vaya a recurrir el decreto de regularización de migrantes, le ha pedido “ir más allá”.

   Durante su respuesta, el ‘president’ ha asegurado que tiene “mucha más preocupación” que en sus últimas intervenciones sobre este tema “porque hay unas nuevas circunstancias que ponen en jaque los servicios sociales de la Comunitat Valenciana”.

   Según ha expuesto, con datos de finales de marzo, la Comunitat acoge actualmente 595 menores migrantes no acompañados, “cumpliendo lo que dice la ley” y “dando la batalla en el plano político y judicial hasta donde nos permite nuestra capacidad”.

   Ha acusado al Gobierno de “mercadear con el drama de los menores migrantes para buscar acuerdos políticos”, ya que ha señalado que “hoy no llegan estos menores al País Vasco y a Catalunya mientras hay comunidades como la Comunitat donde llegan más de los que podemos asumir simplemente por poder cumplir los compromisos del Gobierno”. “Es lo más racista que he visto en política”, ha aseverado.

   Como “novedad importante y preocupante”, Llorca ha indicado que, en el nuevo sistema de acogida planteado por el Gobierno, “quieren que a la Comunitat Valenciana lleguen 1.900 menores extranjeros no acompañados”, cuando “el sistema valenciano de protección al menor tiene 1.800 plazas para los de aquí y los que llegan”. Todo ello, ha subrayado, “sin medios, sin dinero, sin infraestructuras”: “Hacer eso es de racistas y eso lo está haciendo el Gobierno de España”.

REGULARIZACIÓN "IRRESPONSABLE"

   A esto ha sumado el decreto de regularización de migrantes aprobado por el Consejo de Ministros, “una iniciativa irresponsable que va a poner en riesgo el sistema sanitario y de políticas sociales de la Comunitat Valenciana y muchas comunidades”. Ha destacado que este decreto “va en contra de la mayoría del Congreso de los Diputados y del Senado, de la mayoría de comunidades autónomas y en contra del criterio del Consejo de Estado”.

   “Hablemos claro. La decisión del Gobierno es por un tema electoral”, ha recalcado, y ha acusado al Gobierno de “castigar a la sociedad valenciana” con la “manipulación política” de que no haya ni reforma de la financiación autonómica, ni fondo de liquidez (FLA), ni fondo de nivelación, “ni siquiera utilizar el endeudamiento para seguir trabajando en la reconstrucción” tras la dana.

   Por último, Llorca ha reiterado que este “problema” corresponde al Gobierno y que las políticas migratorias “se tienen que hacer en los países de origen”. “Hacinar a los migrantes en estos sitios es poner en riesgo la salud de ellos y de todos los valencianos. Sinceramente, es racismo”, ha abundado en este punto, y ha recordado que el Consell anunció este martes que recurrirá el decreto de regularización.

VOX INSISTE EN ALEJAR LOS CENTROS DE MENORES DE LAS CIUDADES

  En una pregunta posterior, el síndic de Vox ha urgido a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, a alejar los centros de menores migrantes de los núcleos urbanos porque, según él, "son focos de violencia" y sus usuarios "no pueden estar paseando por los barrios generando inseguridad". "No se trata de crear guetos, sino de preservar a los valencianos de la violencia de los que no tienen nada que perder", ha dicho, y ha exigido devolver a estos "supuestos" menores a sus países y hacerles pruebas de edad.

   La consellera se ha limitado a asegurar que su departamento "ya está actuando" respecto a la reubicación de estos centros, "utilizando las infraestructuras disponibles y dando respuesta a esta situación sobrevenida": "Estamos valorando nuevas alternativas de futuro, dentro de las posibilidades reales que tenemos y que nos permite el sistema".

   Ahora bien, ha remarcado que la mayoría de estos centros están "alejados" de los núcleos urbanos y ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad": "Cuando salen los menores de los centros, lo hacen acompañados del personal esencial de estos recursos, dentro de un sistema que trabaja con profesionales, con protocolos educativos y con seguridad".

   Además, ha coincidido con Vox en que "un menor debe estar con su familia", pero ha señalado que la ley atribuye al Estado la localización de los familiares y la tramitación "en su caso" de la repatriación. Según ha explicado, la Generalitat se ha coordinado con el Consulado de Marruecos para esas "reagrupaciones" y ha solicitado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "que actúe con más agilidad y responsabilidad porque estos menores deben estar con sus familias".

   Respecto a la petición de Vox de hacer pruebas de edad a los menores, Albalat ha indicado que su departamento colabora con la Conselleria de Sanidad para que estas verificaciones "se realicen con la máxima celeridad". 

   Y en clave política ha rechazado "participar en una política migratoria improvisada e injusta" y ha exigido más financiación por parte del Gobierno, "teniendo en cuenta la realidad de la Comunitat Valenciana y respetando la dignidad de los menores".