VALENCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, reclamará una Fiscalía especial para delitos de odio en la Comunitat Valenciana, tras la presentación ayer del Informe Raxen junto con el Defensor del Pueblo, ante la constatación de la proliferación de "manifestaciones diversas de odio y xenofobia protagonizadas por organizaciones que dificultan la cohesión social democrática y la convivencia intercultural".
En este sentido, indicó en un comunicado que solicitará en la Comunitat Valenciana "un mayor esfuerzo frente al problema de la xenofobia y los significativos sucesos de odio que adquieren mayor peligrosidad en el contexto de la crisis económica", al tiempo que reclamó un "un compromiso más proactivo" en este tipo de sucesos.
Movimiento contra la Intolerancia reclama la creación de esta Fiscalía, al igual que las que ya existen en Cataluña y Madrid y que, según la entidad, "están mostrando su eficacia frente a los grupos racistas y violentos".
Asimismo, exige a la Delegación de Gobierno un "mayor control de las manifestaciones u otras acciones urbanas que pudieran ser espacio de proliferación de consignas, gritos o proclamas xenófobas o que estimulen el odio y la discriminación hacia inmigrantes u otros colectivos diferenciados" y recuerda que el Código Penal "prohíbe y sanciona este tipo de actuaciones, así como la necesidad de una política de seguridad ciudadana que erradique a los grupos neonazis de esta comunidad".
La entidad, que valora el Plan Valenciano para la Prevención del Racismo y la Xenofobia impulsado por la Conselleria de Inmigración y cuya elaboración y seguimiento colaboró, llamó la atención sobre "la necesidad de impulsar programas y actuaciones de sensibilización preventiva en el ámbito escolar y juvenil con el fin de impedir la captación de jóvenes para el fanatismo xenófobo".
El Movimiento contra la Intolerancia, responsable del informe Raxen, estima que en España hay unas 4.000 agresiones al año, grupos racistas y xenófobos en todas las comunidades autónomas, decenas de conciertos de música racista y neofascista y más de 10.000 ultras y neonazis. Además, contabilizan desde 1991 más de 80 homicidios que podrían considerarse como "crímenes de odio".
En lo que respecta al año 2010, señalan seis casos que "podrían ser clasificados de esa forma", entre ellos el del rumano Giovanni Musat, en La Cabrera (Madrid) o el del joven magrebí Bernabá Laaredi, en Lepe (Huelva). El estudio registra hasta 292 sucesos documentados y los distribuye por autonomías, donde la Comunitat Valenciana es la que más registra con 79 casos. Ibarra achacó en la presentación este hecho a la "tradición de grupos racistas y xenófobos" en la comunidad durante veinte años, lo que "ha provocado que exista ese subsuelo".