Mus asegura que la futura Ley del Suelo clarificará la normativa para "proteger sin bloquear" el territorio

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha explicado este lunes "que la futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana nace con el objetivo de clarificar la farragosa normativa existente, agilizar y simplificar la gestión del territorio, recuperando la sensatez, la seguridad y la eficacia en la planificación urbanística".

Martínez Mus ha afirmado que, con al nueva norma, "se cierra una etapa de incertidumbre y abre otra de claridad, planificación y acción, apostando por ordenar antes de urbanizar, proteger sin bloquear y agilizar sin perder garantías, con el fin de poner el territorio al servicio de la ciudadanía".

Así lo ha expuesto durante la jornada 'Inmobilia: vivienda, ciudad y futuro', organizada por Economía Digital y la Cámara de Comercio de la Comunitat Valenciana, donde ha presentado el anteproyecto de la ley. También ha participado la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

La nueva ley, según ha explicado ante los empresarios presentes, surge de la necesidad de superar "un marco normativo obsoleto, resultado de años de reformas parciales que han derivado en procedimientos lentos, conceptos confusos y trámites interminables".

En este sentido, el objetivo es poner fin a la "carrera de obstáculos" que supone aprobar un plan urbanístico, garantizando la seguridad jurídica y facilitando la labor tanto de los municipios como de los sectores implicados.

CLAVES DE LA NUEVA NORMA

Entre las principales claves del borrador del texto, destaca la prioridad de ordenar el territorio antes de urbanizar, actualizando la Estrategia Territorial y los Planes de Acción Territorial para coordinar infraestructuras, vivienda, industria, transporte y medio ambiente. Además, el nuevo Plan General se plantea como un instrumento más ágil y útil, con un enfoque estratégico que simplifica su aprobación y revisión, mientras que el Plan Urbanístico Simplificado permitirá facilitar la gestión en municipios pequeños o en riesgo de despoblación.

La norma también aporta claridad al uso del suelo no urbanizable, al establecer que en el común se permitirá lo que no esté prohibido y en el protegido solo lo expresamente autorizado. Asimismo, regula la situación de miles de edificaciones preexistentes mediante órdenes individualizadas de minimización que, sin legalizarlas, garantizan condiciones de seguridad, salubridad y sostenibilidad.

En materia de gestión urbanística, se introducen fórmulas más flexibles que incorporan la colaboración público-privada, la gestión municipal o por propietarios, y se refuerzan tanto la participación pública como el retorno social. Respecto a las licencias, la declaración responsable se convierte en el título ordinario, lo que permitirá reducir plazos y simplificar procedimientos sin renunciar al control posterior.

La disciplina urbanística se fortalecerá mediante la actuación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y una respuesta más eficaz frente a la ilegalidad. Con ello, se podrán desbloquear planes estancados, generar suelo para vivienda asequible, atraer inversión, rehabilitar barrios degradados y proteger el paisaje de forma uniforme.

Asimismo, el texto apuesta por un urbanismo del siglo XXI, basado en la rehabilitación, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el equilibrio territorial, utilizando un lenguaje claro y coherente que refuerza la seguridad jurídica y evita la dispersión normativa.

Finalmente, tras su aprobación inicial por el Consell, el anteproyecto inicia ahora su fase de información pública, audiencia a administraciones y entidades afectadas, incorporación de alegaciones y posterior remisión a Les Corts para su tramitación parlamentaria

PLAN VIVE

Por su parte, Susana Camarero ha asegurado que gracias al Plan Vive, el Consell ha "recuperado la confianza del sector de la construcción". "Hemos vuelto a generar oferta de vivienda asequible y hemos demostrado que el derecho a la vivienda no se garantiza con dogmas, sino con gestión, diálogo y responsabilidad", ha afirmado.

Camarero ha asegurado que el gobierno valenciano ha demostrado que "el derecho a la vivienda no se garantiza con dogmas, sino con gestión, diálogo y responsabilidad".

En su intervención, ha afirmado que garantizar el derecho a la vivienda es "uno de los desafíos más urgentes" que se debe resolver como sociedad porque, "tras ocho largos años de ausencia de políticas activas, el desequilibrio entre oferta y demanda ha convertido el acceso a la vivienda en un problema para muchas familias valencianas, especialmente para los jóvenes".

Susana Camarero ha puesto en valor la puesta en marcha del Plan Vive, con el que se pretende impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección pública y cuyos resultados "ya son evidentes". Entre ellos ha destacado la adhesión de 319 municipios al plan, 219 solares públicos movilizados y más de 4.400 viviendas protegidas se encuentran en alguna fase de su desarrollo.

Por otro lado, la vicepresidenta también ha manifestado el esfuerzo del Consell por mejorar la gestión del parque público de vivienda, lo que ha supuesto un incremento en un 10% de las viviendas en alquiler para personas vulnerables. En dos años se han entregado más de 1.000 viviendas, de las que el 27 % han sido para jóvenes menores de 30 años. Además, se han rehabilitado más de 600 inmuebles con una inversión de 8,7 millones de euros, ha precisado.

También ha destacado la puesta en marcha de un Plan Integral contra la Ocupación porque "no es aceptable que los legítimos derechos de los propietarios queden en riesgo, que viviendas públicas queden indefensas y que la convivencia vecinal se vea alterada".

VIVIENDAS PARA LA ZONA DANA

Del mismo modo, la consellera de Vivienda también ha hecho hincapié en la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana "a través de soluciones reales como son las viviendas industrializadas". Una iniciativa pionera en la Comunitat que busca "una respuesta ágil y eficaz". En ese sentido, ha recordado la licitación que está en marcha y que supondrá la construcción de 80 viviendas industrializadas en Albal y Torrent para las familias afectadas por la riada, con una inversión de 15 millones de euros y la reserva de un 40% para jóvenes.

En el marco de la reconstrucción, Camarero ha asegurado que el gobierno valenciano continuará apoyando a la ciudadanía aprobando nuevas ayudas como la adquisición de viviendas con un total de 30 millones de euros: tres en 2025 y 27 millones para 2026.

AYUDAS PARA ALQUILER

Camarero ha avanzado también que la Vicepresidencia Primera ha ampliado la dotación de dos líneas de ayudas del área de vivienda: el bono alquiler joven y la destinada a entidades locales para la adquisición y mejora de viviendas, tal y como publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El aumento del bono alquiler joven asciende a 400.000 euros de fondos propios de la Generalitat, con el objetivo de atender la totalidad de las solicitudes que se habían presentado, y se añaden a los 29,8 millones de euros con los que actualmente cuenta esta línea que ha ayudado a más de 5.200 jóvenes.