VALNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Unauto --la patronal del sector de las VTC--, Eduardo Martín, ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la que le pide una reunión "cuanto antes" para trasladarle las "inquietudes" del sector y que "se abstenga de adoptar medidas restrictivas" hasta que se resuelvan las dudas de constitucionalidad del Real Decreto que faculta a las comunidades para regular el sector.
"Si los derechos del sector se ven dañados mediante cualquier tipo de regulación restrictiva, los defenderemos recurriendo a todas las vías legales que sean necesarias, tal y como estamos haciendo en Cataluña", advierte en la misiva, también enviada a la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, y al de Economía, Rafa Climent.
Precisamente Salvador confirmaba este jueves que, tras haber escuchado a todas las partes, van a iniciar la tramitación del decreto para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que plantea la contratación con un mínimo de 15 minutos de antelación, evitar la geolocalización y que puedan recoger a usuarios por la vía pública como hacen los taxistas, con el traslado del borrador a las partes y la apertura de un proceso de alegaciones.
El Ayuntamiento de Valncia ha manifestado su "voluntad" de "ampliar el término de precontratación" de los VTC a una hora mínima entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, ya que considera que "si no, habría una competencia desleal" frente a los taxistas.
El presidente de Unauto VTC Comunitat Valenciana, Ricardo González, ya advirtió que dejarán de operar en Valncia si se implanta cualquier tipo de contratación previa de sus servicios, ya sean los 15 minutos propuestos por la Generalitat o la hora que plantea el consistorio.
En la carta enviada a Puig, el presidente de Unauto traslada la "enorme preocupación e inquietud que vive el sector" a raíz de ese Real Decreto del Gobierno que faculta a las comunidades a regular las VTC, recordando que existen "numerosas y fundadas dudas acerca de su constitucionalidad", entre ellas "que no concurre una causa de extraordinaria y urgente necesidad, priva a los titulares de autorizaciones VTC de derechos consolidados y adquiridos" y "plantea una medida expropiatoria singular que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva".
Además, recuerda que se está tramitando como proyecto de ley por procedimiento de urgencia en el Congreso, tramitación que quedará en suspenso con la disolución de las Cortes el 5 de marzo, "por lo que aún no existe un texto nacional definitivo".
Unauto señala también que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, junto a la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana y el resto de autoridades de la competencia autonómicas han hecho una declaración conjunta en la que recuerdan a las administraciones que todas las medidas que adopten deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
166 MILLONES EN INDEMNIZACIONES
Así, advierte que todas las regulaciones que modifiquen las condiciones actuales de explotación de las licencias VTC o generen daño a sus titulares "derivarán en reclamaciones de indemnizaciones" que en el caso de la Comunitat un informe pericial cifra en 166 millones de euros.
Por ello, teniendo en cuenta que el propio Real Decreto establece un plazo transitorio de cuatro años, incide en que "no es imperativo que las administraciones públicas autonómicas y locales adopten inmediatamente medidas", ya que tienen "un margen prudencial de espera".
Destacan desde la patronal que en la Comunitat hay ya más de 500 trabajadores empleados en las VTC y serán 2.000 a lo largo de este año, según sus previsiones de crecimiento y "si no hay obstáculos que lo impidan". Además, señalan que más de la mitad de ese trabajo creado beneficia a desempleados de larga duración o personas en riesgo de exclusión social.
"Y todo esto puede verse en riesgo si las administraciones adoptan medidas restrictivas", señalan, por lo que piden a Puig una reunión para "construir entre todos un modelo de movilidad sostenible beneficioso y seguro para los ciudadanos".
