Fuset dice que el Ayuntamiento "irá donde haga falta" por lo "esperpéntico" de la resolución y recuerda que "no hay sanción"
VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Española de Protección de Datos cree que el Ayuntamiento de València cometió una "infracción muy grave" por tratar información referente a ideología y religión que se preguntó a los participantes de la encuesta realizada al colectivo fallero "sin contar con el consentimiento expreso e informado de los mismos".
Así consta en una resolución del organismo hecha pública el lunes y en la que la agencia ratifica que, tal y como dictaminó el pasado mes de noviembre, que el consistorio valenciano incurrió en una infracción, por lo que le pidió que adoptara las medidas de orden interno para no volver a incumplir la normativa vigente.
Tras presentar el Ayuntamiento sus alegaciones --entre las cuales señalaba que no se continuaba con el tratamiento de los datos personales, que nunca se los facilitaron al Ayuntamiento y fueron borrados y suprimidos totalmente--, la Agencia de Protección de Datos declara que la corporación local infringió lo dispuesto en el artículo 7,2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), dado que se trataron "datos de ideología y religión de los afectados sin contar con el consentimiento expreso, escrito e informado de los mismo, lo que determina la existencia de un tratamiento de datos especialmente protegidos que no respeta" la ley.
Según relata la Agencia, las comprobaciones realizadas por sus servicios de inspección "han acreditado la existencia de formularios en los que se recabaron datos personales de los encuestados sin que conste el consentimiento de aquellos mediante el marcado la casilla habilitada para la aceptación del tratamiento de los datos ni su firma, siendo irrelevantes a tales efectos las alegaciones manifestadas por
el Ayuntamiento de Valencia acerca de las medidas adoptadas a lo largo de la realización de la encuesta para garantizar el adecuado respeto a lo dispuesto en la LOPD".
Recuerda, además, que "el tratamiento o el almacenamiento en un fichero de los datos de ideología, podría implicar la existencia de un fichero o tratamiento con una finalidad exclusivamente ideológica (...), aun cuando dicha finalidad pudiera aparentemente vincularse a otras de distinta naturaleza tales como la estadística o la de publicidad y prospección comercial o realización de perfiles".
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación, o,
directamente, contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, apunta, que el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 44.1 de la LJCA, sólo podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia.
Por su parte, el concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, ha afirmado que en la resolución "no hay sanción y mucho menos económica", al tiempo que ha aseverado que el consistorio "irá donde haga falta" para recurrirla por "lo paradójico y esperpéntico" de la misma.
Así, Fuset ha acusado a la Agencia de Protección de Datos y a su directora, Mar España, de llevar a cabo una "persecución política" contra el Ayuntamiento. "La propia resolución no habla de ningún tipo de sanción, y lo que vemos son las malas artes del PP, que ha estado detrás desde el primer momento con el objetivo de conflictivizar esta cuestión".
Para el edil, el PP "ha llegado al extremo de donde se podía llegar, que es a tratar de generar titulares negativos para hacer un escarnio político dirigido, en este caso, por la que fue la mano derecha de la señora Dolores de Cospedal, que es quien está al frente de la agencia". Así, ha exhortado a España que la Agencia "no es su cortijo, y no se puede utilizar para persecuciones políticas".
Por ello, Fuset ha indicado que el consistorio "va a llegar donde haga falta" y que van a agotar "todos los plazos y todas las vías" porque están "convencidos" de lo "paradójico y esperpéntico" de la resolución. "No tiene sentido que se le acuse al Ayuntamiento de tratar, según la agencia, de mala manera unos datos que la propia resolución reconoce que nunca tuvo", ha manifestado.
Según el concejal, la resolución "no comporta ningún tipo de sanción", que "es una de las cosas que se había dicho al principio", sino que "entra en contradicción, porque habla sobre el tratamiento de unos datos que la propia resolución reconoce que el Ayuntamiento nunca ha tenido".
"PENSAMOS QUE NO HARÁ FALTA" RECURRIR ANTE ESTRASBURGO
Así, han estudiado junto a los servicios jurídicos del consistorio la resolución, que "de momento ya han decidido" que interpondrán "un recurso de reposición". Al respecto de un posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia), Fuset ha dicho: "pensamos que no hará falta tanto, pero iremos donde haga falta siempre siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".
"Jurídicamente, la cuestión está bien clara, no tiene sentido que se responsabilice al Ayuntamiento del tratamiento de unos datos que la propia resolución reconoce que nunca ha tenido", ha agregado.
Preguntado por si el consistorio destruirá la encuesta como "han pedido los falleros", Fuset ha señalado que "los falleros son más de 100.000 personas" y que "si a una persona se le pregunta, es legítimo que opine como quiera opinar, lo que se trata en este estudio es recoger la diversidad de opiniones". "No haremos nada que la resolución no pida", ha manifestado.
"La propia resolución de la Agencia no habla de ninguno de esos términos, ni pide la destrucción del estudio que la propia resolución no cuestiona en ninguna de sus preguntas, que, por otra parte, son las propias, necesarias e imprescindibles para un estudio sociológico como pide la propia Unesco para esta cuestión", ha agregado.
CS EXIGE A RIBÓ "QUE DEJE EN PAZ A LOS FALLEROS"
También se ha pronunciado sobre la cuestión el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha exigido al alcalde, Joan Ribó, que "deje en paz a los falleros".
"El dinero público no está para adoctrinar a los ciudadanos, que es lo que pretende Ribó una y otra vez", ha declarado Fernando Giner, que ha criticado que el primer edil "quiera imponer su ideología".
"Lo que queremos los valencianos es vivir en paz y en libertad y disfrutar de nuestra ciudad y nuestras fiestas. Ribó no nos tiene que decir cómo tenemos que vivir nuestras fiestas", ha añadido.
Giner ha recordado que "hace casi dos meses que pedimos a Ribó ver el expediente y la notificación que la Agencia Española de Protección de Datos envió al Ayuntamiento y todavía no nos lo han hecho llegar".
"Ribó actúa con tal opacidad y falta de respeto al trabajo de la oposición. Parece que olvida que todos los concejales del ayuntamiento representamos a los valencianos, no sólo los de su partido", ha manifestado el edil de Cs, quien ha anunciado que su grupo municipal pedirá explicaciones al alcalde.
