VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
PSPV y Compromís han acusado al Consell de incumplir la Ley de Publicidad Institucional por la carta que ha enviado este jueves la titular de Educación, Carmen Ortí, a las familias sobre la huelga educativa indefinida, convocada por los sindicatos docentes a partir del próximo lunes.
En la misiva, Ortí subraya que la Generalitat considera que "hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable". "Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical", recalca.
En redes sociales, los socialistas valencianos denuncian que esta carta refleja "al PP saltándose la Ley de Publicidad Institucional para desacreditar las reivindicaciones del sector educativo".
"No es un conflicto sindical. Es la defensa de una educación pública y de calidad. Gobernar es gestionar, aunque a veces se les olvide", recalcan desde la formación que dirige Diana Morant, también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
En la misma línea, el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez carga contra "el 'mailing' electoral del PPCV, enviado con medios oficiales", con una carta que, a su juicio, "es una manipulación más para confundir y dividir a las familias".
El parlamentario valencianista se pregunta "qué dice el Tribunal de Cuentas" respecto a la misiva de Ortí dirigida a las familias, al tiempo que muestra su apoyo a la huelga indefinida con la etiqueta #11Mvaga.
La carta de la consellera lleva fecha de este mismo jueves, día en el que la huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana convocada a partir del próximo lunes continúa adelante tras rechazar los sindicatos docentes la propuesta de subida salarial que ha realizado la Conselleria de Educación y que consideran "irrisoria" e "indignante". "La huelga está servida", han señalado ante la oferta de aumento salarial de Educación de 1.050 euros en una subida progresiva en tres años.
Los sindicatos calculan que lo que se les está ofreciendo es, a partir del 1 de enero de 2027, unos 25 euros brutos más al mes para que al cabo de tres años se complete una subida de 75 euros, algo que subrayan que "ni de lejos" se acerca a las necesidades del profesorado para recuperar la pérdida de nivel adquisitivo desde 2010 y que, además, no tiene en cuenta lo que pueda subir el IPC.