VALENCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PSPV en materia de vivienda en las Corts Valencianes, María José Salvador, denunció hoy que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), ubicado en Luxemburgo, juzgará al Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) por realizar adjudicaciones "saltándose la legislación europea sobre contratos públicos a través de las conocidas como 'empresas mixtas'".
Salvador, que se expresó en estos términos en un comunicado, destacó que el Ivvsa se encuentra ante los tribunales de justicia de Luxemburgo "por culpa de la política de vivienda que llevó a cabo el PP valenciano cuando los tiempos de bonanza en el sector de la construcción emborracharon el juicio del entonces conseller del área Rafael Blasco".
Asimismo, la socialista hizo "corresponsable" de esta situación al presidentes de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, "por apoyar esta política de Blasco al frente de la Conselleria de Territorio y Vivienda".
La diputada del PSPV criticó que Camps siga "contumaz en el error" y haya entregado a Blasco "los mandos de la estrategia del PP valenciano en el momento más crítico y delicado de su carrera política". De esta forma, Camps "demuestra que no aprende de sus escándalos" y que no le duelen prendas en seguir fiando su futuro a políticos de "dudosa gestión con los contratos públicos", manifestó Salvador.
La fórmula societaria de las empresas mixtas se basa en un accionariado compartido entre el capital público del IVVSA y el capital privado de algunas importantes empresas constructoras y urbanizadoras de la Comunitat Valenciana con las que, en casa caso, el Instituto acordó coparticipar en una nueva empresa.
CONTRATOS PÚBLICOS "SIN PUBLICIDAD"
Salvador indicó que el motivo que ha llevado al Ivvsa al "banquillo" de Luxemburgo por su relación con estas empresas es "la adjudicación de muy importantes contratos públicos sin publicidad y sin garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades entre todos los empresarios para competir por los contratos de la Generalitat Valenciana", según se desprende de la denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo.
María José Salvador aseguró que comparte el criterio de la denuncia de la Comisión Europea y señaló que "al otorgar competencias en materia de ordenación urbanística a estas empresas mixtas, el Ivvsa y la Generalitat y Francisco Camps están adjudicando contratos públicos a estas sociedades de manera incorrecta, privilegiando a los empresarios escogidos por la Generalitat del PP y en detrimento del beneficio general de los empresarios del sector de la construcción, especialmente de aquellos que desarrollan su negocio en la Comunidad Valenciana".
Además, subrayó que el Gobierno presidido por Camps "tuvo tiempo de evitar este juicio contra el Ivvsa porque recibió el aviso de la Comisión Europea ante el que no hubo respuesta por lo que obligó al Ejecutivo de la UE a actuar contra el lánguido brazo constructor de las pocas Viviendas de Protección Oficial (VPO) que construye la Generalitat Valenciana".
"Y mientras tanto", añadió Salvador, "los valencianos siguen teniendo graves problemas para acceder a la vivienda pese a que la Comunitat Valenciana ha vivido años del mayor impulso constructor de su historia".
Por todo ello, la diputada socialista exigió al presidente de la Generalitat que convoque elecciones anticipadas "cuanto antes" para "contribuir a la regeneración de la democracia valenciana y de la vida política en la Comunitat". La parlamentaria aseguró que serán los socialistas valencianos quienes "devuelvan la prosperidad a la Comunitat Valenciana y crearán, para ello, 250.000 empleos en su primera legislatura de gobierno al frente de la Generaltat, como ha prometido el secretario general del PSPV, Jorge Alarte".
