El PSPV dice que Camps "sigue de brazos cruzados ante el 200 por cien de sobrecoste" en la Ciudad de la Justicia

VALENCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario socialista en leas Corts Valencianes para temas relacionados con la Justicia, Josefa Andrés, aseguró hoy que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "sigue de brazos cruzados ante el 200 por cien de sobrecoste en la Ciudad de la Justicia", según informaron fuentes de este partido.

Al respecto, le pidió al jefe del Consell que explique "por qué la Ciudad de la Justicia iba a costar primero 54 millones de euros; por qué luego se adjudicó por 82 millones de euros; y por qué termina costando 164 millones de euros, con un 200,47 por ciento de sobrecoste". Un "sobrecoste" que, a juicio de Andrés, "sólo sirve para delatar el despilfarro y el descontrol del Consell del PP en todos los megaproyectos que ha emprendido".

Consideró que se ha llegado a esta situación "por el total descontrol en el gasto financiero de la Generalitat, y se ha comprobado que el objetivo ulterior de la Ciudad de la Justicia fue, precisamente, producir unos beneficios directos o indirectos a empresarios y demás personas que participaran en su construcción".

Este hecho, en su opinión, se puso de manifiesto "cuando dimitió el arquitecto y director de obra de la Ciudad de la Justicia por desconocer la Administración y la empresa constructora". Entonces, puntualizó, "recayó la responsabilidad sobre una arquitecta de la propia Conselleria, con contrato incluido, quien finalmente se encargó de dirigir la obra".

Incluso la Sindicatura de Cuentas, recordó la diputada, "ha puesto en evidencia que la Ciudad de la Justicia no está bien contabilizada y que los sobrecostes que presenta son exagerados, mientras, por su parte, el Consell hace caso omiso a las recomendaciones de esta institución".

En esta línea, comparó los "sobrecostes" en la Ciudad de la Justicia con los de Terra Mítica, y apuntó que "en todas las infraestructuras megalómanas del PP en la Comunitat Valenciana se ha actuado de forma similar".

Por ello, la parlamentaria señaló que "el 'modus operandi' en todos estos proyectos tiene un comienzo basado en la modalidad del pago aplazado, que genera una cantidad de capital importante y unos intereses sobredimensionados. Precisamente, esos intereses se van recalculando para adaptarlos al mercado anualmente, lo que redunda en incrementos sobre el precio inicial espectaculares".

Pero el "problema", a su juicio, es que "muchas veces el PP prefiere no anunciar cuánto cuesta en un principio y hacen adjudicaciones y modificaciones de la propia obra que superan habitualmente la barrera marcada por la ley de Contratos del Estado: el 30 por ciento de la obra inicial".

En este sentido, Andrés lamentó que tampoco "la Generalitat haya realizado nuevos concursos, ya que los esconden con modificaciones de obra que, según dice la ley, sólo podrían hacerse en obras esenciales". Y, desde luego, subrayó, "los sobrecostes añadidos a la nueva infraestructura no son esenciales".