PSPV se querella contra alcalde de Gandia por presunto delito contra derechos de trabajadores en Les Escoletes

VALENCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista de Gandia (Valencia) ha presentado este jueves una querella en el Juzgado de lo Penal de la localidad contra el alcalde del municipio, el 'popular' Arturo Torró, el coordinador general de la Alcaldía, Francisco Javier Reg, y los concejales de Educación, Marta Chafer, y de Hacienda, Guillermo Barbera.

La denuncia, presentada por la concejala socialista Liduvina Gil y la secretaria general del PSPV-PSOE en Gandia, Diana Morant, apunta un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y/o una infracción contra la administración pública relacionada con Les Escoletes.

Según ha informado el grupo socialista en un comunicado, los querellados se enfrentan a penas que podrían superar los siete años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El PSPV ha indicado que el Gobierno del PP, "tras privatizar Les Escoletes y despedir a las trabajadoras ha incumplido reiteradamente hasta dos sentencias judiciales que declaraban improcedente el despido y condenaban al Ayuntamiento a reincorporarlas y pagarles los salarios de tramitación". Así, ha destacado que el equipo municipal las reincorporó para despedirlas de nuevo, "sin abonarles ningún tipo de salario o indemnización".

Según los socialistas, "han desobedecido y desatendido el cumplimiento de resoluciones judiciales, haciendo imposible su cumplimiento al no dotar de forma voluntaria y dolosa una partida destinada a la readmisión de las trabajadoras, el pago de sus salarios de tramitación y los costes de su despido final".

De esta forma, lamentado que han dejado a algunas de las empleadas "en situación de verdadera necesidad en algunos casos, privándolas de su derecho a la efectividad de la reincorporación a sus puestos de trabajo en los términos del fallo judicial de manera consciente y finalmente dirigidas sus actuaciones a impedir el ejercicio de ese derecho como trabajadores, legalmente protegido y judicialmente reconocido",

Para Liduvina Gil, "el gobierno ha mostrado durante todo este proceso una falta de humanidad y una rebeldía ante la justicia que no debe quedar impune", y ha añadido que "no es grato acudir a los juzgados, menos aun a lo penal, pero no queda más remedio cuando los que deberían representar a todos los ciudadanos y velar por los intereses del Ayuntamiento se niegan a obedecer a la justicia con los perjuicios que ello conlleva a las trabajadoras afectadas y que conllevará para Gandia en el futuro".