VALENCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, sugiere a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que valore la convocatoria de un nuevo periodo de ayudas y se incluya en el censo a "todos" los valencianos que fueron encarcelados durante la Guerra Civil española, "con independencia del tiempo" que permanecieron en prisión, así como que se establezcan "todas las medidas posibles" para facilitar al colectivo de afectados los certificados de privación de libertad en previsión de las indemnizaciones o ayudas que se puedan establecer.
Cholbi, en un escrito consultado por Europa Press sobre la inclusión en el censo autonómico de ex presos políticos, resuelve así una queja formulada por una ciudadana valenciana que solicitó a la Conselleria la inscripción en el censo de ex presos políticos de su marido, que fue encarcelado por un delito de auxilio a la rebelión militar por un periodo inferior a tres años --dos años, dos meses y 14 días, concretamente--.
En el documento del Síndic se explica que la Generalitat ya abrió un plazo en 2002 para la elaboración de un censo de ex presos --que se cerró y publicó en 2004--, para aquellas personas que no pudieron acceder a las indemnizaciones estatales. No obstante, para lograr estas ayudas, debían acreditar, entre otros requisitos, la privación de libertad por actos de intencionalidad política por un tiempo superior a tres años.
Con motivo de esta iniciativa de la Generalitat, el Síndic observa que se recibieron algunas quejas en las que se lamentaba las dificultades para acreditar la privación de libertad, por lo que pedían un convenio con el Ministerio de Defensa-- y otras comunidades-- para facilitar la búsqueda de información en los archivos civiles o militares; y que en otras comunidades se indemnizaba en proporción a los meses de cárcel, "sin necesidad de que hubieran permanecido en prisión más de tres años".
Así, el Síndic de Greuges concluye que "no todos los ciudadanos que padecieron prisión por razones políticas" fueron incluidos en el censo autonómico por varias razones: porque su estancia en la cárcel fue inferior a los tres años, porque no pudieron certificarlo o porque se les pasó el plazo de indemnizaciones convocado por la Generalitat entre mayo de 2002 y junio de 2004.
Al respecto, Cholbi resalta que "esta situación podría producir que muchos valencianos no consten en el censo" elaborado por la Administración autonómica, al tiempo que subraya que otras comunidades "no han establecido limitaciones de años" para lograr las indemnizaciones, ni tampoco tiempo mínimo de permanencia en la cárcel.
Cholbi, por otro lado, reconoce los esfuerzos de las administraciones por reparar las injusticias cometidas durante la contienda y la época de represión pero, dado que el colectivo afectado mayoritariamente tienen más de 80 años, es "razonable" que la Administración valenciana "incremente todavía más sus esfuerzos" hacia el colectivo afectado, que en su mayoría tienen ya más de 80 años.
