Socialistas de la Vega Baja apoyan la reforma de la ley de aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura

ALICANTE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las agrupaciones socialistas de la comarca alicantina de la Vega Baja han expresado su apoyo a la Plataforma Iniciativa Popular, conformada por ciudadanos de Murcia, y las provincias de Alicante y Almería, para la reforma de la Ley 10/2001 y la Ley 11/2005 en relación al acueducto Tajo-Segura y a su aprovechamiento, según informó hoy el PSPV en un comunicado.

Los dirigentes socialistas, entre los que se encontraban la vicesecretaria general de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE y alcaldesa de Guardamar, Maryléne Albentosa, los diputados provinciales José Antonio Martínez Mirete, Antonia Moreno y Antonio Pérez, y diversos representantes de las agrupaciones socialistas de Vega Baja, se reunieron con miembros de esta plataforma "para escuchar sus reivindicaciones y peticiones "sobre el acueducto Tajo-Segura" y en la que ofrecieron su "apoyo".

Este apoyo "se traduce en una campaña de recogida de firmas de adhesión a sus peticiones, que pasan por la reforma de las leyes sobre el aprovechamiento del acueducto, y en la presentación de mociones en los diferentes plenos solicitando el apoyo institucional". Albentosa explicó que con estas acciones "los socialistas queremos dejar clara nuestra postura que ha sido siempre la de defensa de los agricultores de la zona y de su futuro, que es el futuro de la propia comarca".

La moción que se presentará en los plenos de los consistorios de la Vega Baja explica que "la agricultura y el abastecimiento a las poblaciones de la Región de Murcia y de parte de las provincias de Alicante y Almería dependen del agua del río Segura pero la cuenca hidrológica padece un déficit hídrico secular".

Así, "la moción detalla que la estabilidad demográfica del sostenimiento de los procesos productivos en estas zonas exigen que se garantice por parte del Estado la continuidad temporalmente ilimitada del aprovechamiento Tajo-Segura".

La moción también indica que las Cortes Españolas deben aprobar una Ley en la que el Estado "garantice la continuidad temporalmente ilimitada del aprovechamiento Tajo-Segura, de modo que los ciudadanos asentados en estos territorios puedan tener la seguridad de que en el futuro el acueducto Tajo-Segura seguirá prestando servicios para subvenir a las necesidades de toda la cuenca hidrográfica".