ALICANTE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha suspendido este miércoles el juicio contra un total de 12 personas acusadas de introducir cerca de 200 kilos de cocaína ocultos en dos contenedores de piña a través del Puerto de Valencia, tras averiguar el paradero de uno de los imputados que permanecía desaparecido en rebeldía, y ha sido detenido recientemente en Holanda.
A la vista oral iniciada este miércoles han acudido 11 de los 12 procesados, y cuando todo estaba dispuesto para el inicio del juicio, el tribunal ha tenido conocimiento de que el encausado que permanecía en rebeldía ha sido detenido en Holanda. Ante esta situación, los magistrados han decidido suspender el juicio para celebrarlo más adelante con la totalidad de los imputados.
El fiscal pide para cada uno de los 12 imputados una pena de nueve años y medio de prisión y el pago de una multa equivalente al valor que habría alcanzado la droga en el mercado, de 6,9 millones de euros.
De acuerdo con el escrito de acusación provisional del ministerio público, en octubre de 2010 la Guardia Civil inició una investigación en torno a uno de los encausados, quien contaba con antecedentes por tráfico de drogas y disponía de contactos en el Puerto de Valencia que le facilitaban la entrada de cocaína en contenedores evitando los controles aduaneros.
Las pesquisas y escuchas telefónicas practicadas en torno a este individuo permitieron a los agentes conocer los detalles de la operación en la que los diez procesados participaron para introducir 203 kilos de cocaína ocultos en dos contenedores de transporte de piña, que llegaron el 26 de marzo de 2011 en barco al Puerto de Valencia procedentes de Costa Rica.
SORPRENDIDOS CUANDO DESCARGABAN LA DROGA
El día 1 de abril, los presuntos narcotraficantes trasladaron los contenedores en sendos camiones a una nave industrial situada en Talavera de la Reina (Toledo), donde la Guardia Civil sorprendió a cinco de los ahora imputados cuando descargaban la mercancía y procedió a su detención.
Al día siguiente, las fuerzas de seguridad procedieron al arresto de otros seis encausados, a los que además se les intervino diversa documentación relativa a la llegada de los contenedores, mientras que un último imputado permanecía hasta ahora en paradero desconocido.
El fiscal considera que estos hechos son constitutivos de dos delitos contra la salud pública, y por ello pide para cada uno de los imputados una pena de 9 años y medio de prisión y el pago de una multa equivalente al valor que habría alcanzado la droga en el mercado, de 6,9 millones de euros.