ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado el sobreseimiento de la investigación judicial sobre el Plan Rabasa para el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la que fuera secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda María Ángeles Ureña, actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al no apreciar indicios de delito contra ellos.
En un auto fechado el pasado lunes y facilitado este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia, los magistrados sostienen que no se ha concretado "en ningún caso cuáles han sido las irregularidades que se han llevado a cabo por el denunciado señor Díaz Alperi", ni tampoco las conversaciones telefónicas intervenidas en el marco de la 'Operación Brugal' arrojan "datos que permitan elevar a la citada categoría de imputada en cuanto a la señora Ureña".
El juez instructor, Juan Carlos Cerón, ya sobreseyó provisionalmente la causa para ambos en octubre del pasado año, y se ratificó en su decisión al desestimar los recursos de reforma planteados por las acusaciones, que apelaron entonces a la Audiencia Provincial.
La sección primera de este último órgano judicial ha secundado ahora los argumentos esgrimidos en su día por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, que rechazó la existencia de indicios de criminalidad contra los dos denunciados.
"Razón tiene el juez cuando explicita que no se puede llevar a cabo una imputación genérica y sin contenido específico para que se alteren las reglas de la distribución de la carga probatoria y tenga que ser un ciudadano sometido a una investigación penal quien tenga que acreditar la inexistencia de elementos de prueba incriminatoria contra él", señalan los magistrados Vicente Magro, Antonio Gil y José Antonio Durá.
En cambio, prosigue el auto, "para poder continuar adelante con unas diligencias debe atenderse a cuáles son las que determinan una imputación y no recurrir a una generalidad de observaciones". Los argumentos esgrimidos por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, para inculpar a Díaz Alperi "son irrelevantes porque no evidencian en modo alguno dato suficiente" para incriminarle, añade.
Para el tribunal, el que el exalcalde viajara a la ciudad portuguesa de Oporto junto a la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en esta causa, "puede ser debido a la asunción de conocimientos acerca de una posible implantación de una mercantil en la ciudad", en alusión a la multinacional sueca Ikea, "siendo, como son, además, actuaciones públicas y no privadas".
VIAJE OFICIAL
Dicho viaje, celebrado en octubre de 2008 y en el que también participó la actual concejal Sonia Alegría, ha sido calificado de "oficial" tanto por el magistrado instructor como por la propia Castedo en su comparecencia como imputada, aunque ésta matizó que ella había pagado su parte de gastos de su bolsillo y podía probarlo con la documentación de una tarjeta de crédito.
Otro de los imputados, el empresario Enrique Ortiz, propietario de la parcela del barrio de Rabasa donde está prevista la implantación de Ikea, sí admitió ante Cerón que realizó gestiones para que la entonces primera edil y sus acompañantes regresaran a España en un vuelo privado, si bien no fueron necesarias al haber conexiones aéreas regulares.
La sección primera de la Audiencia tampoco aprecia indicios de la comisión de un delito contra Díaz Alperi en los 'pinchazos telefónicos' efectuados por la Policía Nacional a Ortiz. Y lo mismo ocurre con Ureña, que debía tomar una decisión sobre el Plan Rabasa en esa época como secretaria autonómica.
"La decisión del juez es correcta salvo que se pretenda alterar las reglas de la distribución de la carga de la prueba y/o se alteren las reglas del principio de presunción de inocencia", concluye la sala, que respalda igualmente la tesis del abogado defensor de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, de que "fuera de las alegaciones sobre las conversaciones no hay datos objetivos que avalen la comisión de un hecho delictivo".
La Fiscalía Anticorrupción entendía que Díaz Alperi y Ureña, que no han llegado a prestar declaración como imputados en este caso, podían haber incurrido en delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, pero la Audiencia recuerda que el instructor de las diligencias ya valoró "debidamente" el informe policial y no contempló en él nada que revelara un ilícito penal en relación a ambos cargos públicos.
El juez Cerón mantiene imputados en el procedimiento a Castedo, Ortiz, el ya exgerente de Urbanismo de Alicante, Enrique Sanus, y los técnicos municipales José Luis Ortuño e Isabel Campos. El próximo viernes está previsto que presten declaración como testigos un arquitecto del Ayuntamiento, Miguel Ángel Cano, y otra funcionaria, María Ángeles de la Sierra, mientras que Sonia Alegría y el abogado Rafael Ballester están citados para el 20 de marzo.
