UGT PV y CCOO PV ven una "infamia" diferenciar estadísticas entre nacionales y migrantes: "Busca legitimar el odio"

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT PV y CCOO PV han considerado "una infamia política" la propuesta de resolución aprobada por el PP y Vox para instar al Consell a incorporar al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 una serie de "estadísticas diferenciadoras" entre "población nacional" y "población migrante", y han advertido de que esta iniciativa busca "legitimar el odio institucionalizando el prejuicio", al tiempo que han denunciado la "deriva racista" de estas formaciones en la Comunitat Valenciana.

De un lado, CCOO PV, en un comunicado, ha apostado por "llamar a las cosas por su nombre, ya que esta iniciativa es un intento velado de estigmatización, donde los datos se convierten en arma arrojadiza contra una parte de la ciudadanía".

Además, ha cargado contra la diputada de Vox en Les Corts Teresa Ramírez, que aseguró que en la actualidad "uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad es la entrada sin control y desatada de inmigrantes sin papeles y sin identidad", a la que ha afeado que estas palabras son "el epítome del bulo racista.

"Su solución, la de contar cuántas ayudas recibe cada grupo, no busca eficiencia, sino construir un chivo expiatorio al que culpar de problemas inexistentes", ha asegurado la secretaria de Migraciones de CCOO PV, Isabel Barrajón. Frente a esta "maniobra", ha argumentado, "la primera obligación es rebatir la mentira con la realidad".

CIFRAS

Así, ha señalado que, según los últimos datos disponibles del INE (2024), la población residente en España nacida en un país extranjero, tenga o no la nacionalidad española, representa el 18% de la población total. Las personas nacidas en el extranjero son, en su gran mayoría, de origen latinoamericano, y representan el 47%.

Además, ha concretado que las personas migrantes viven de su trabajo y tienen una tasa de actividad mayor (69,3%) que la de la población española (56,4%). Y ha sostenido que en algunos sectores su participación es "vital": siete de cada diez personas empleadas como trabajadoras del hogar y cuidados son migrantes (72%), casi uno de cada dos en hostelería (45%) y uno de cada tres en construcción y agricultura (32% y 31%, respectivamente).

También ha valorado que "aportan a la economía más de lo que reciben, tanto en cotizaciones como en consumo y trabajo esencial", puesto que el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y suponen el 1% del gasto y la OECD (International Migration Outlook) estima que, de media, una persona migrante "supone un gasto público un 32% menor que un español o española".

"Es decir, por cada euro gastado en una persona de origen español, se gasta solo 0,68 euros en una de origen migrante. Una persona migrante promedio contribuye en España con 1.600 euros anuales netos más que alguien nativo", ha incidido.

EL "MITO DEL COLAPSO"

Respecto al uso de servicios sanitarios, "contrario al mito del colapso", ha remarcado que la población migrante "utiliza, en general, menos servicios sanitarios, y cuando lo hace, suele enfrentarse a barreras de acceso". Por lo tanto, ha subrayado, "afirmar que acaparan la sanidad pública es una falsedad que solo polariza y alimenta el odio".

En cuanto al acceso a ayudas, ha asegurado que especialmente quienes se encuentran en situación administrativa irregular enfrentan "mayores obstáculos" para recibir prestaciones. Según CCOO PV, "si las estadísticas muestran diferencias, no reflejan abuso, sino vulnerabilidad y exclusión social, provocadas por la propia desigualdad del sistema".

Para la organización sindical, la "gravedad" de la propuesta aprobada por el PP y Vox "radica en que, al diferenciar estadísticamente a la ciudadanía por origen, el gobierno valenciano se convierte en legitimador de la xenofobia". "Los derechos a la salud, educación y servicios sociales son universales e inalienables", han reivindicado desde CCOO PV, por lo que han considerado que medirlos "bajo la lupa de la nacionalidad" es "una violación flagrante del principio de igualdad" de la Constitución.

Asimismo, han advertido de que esta iniciativa representa "un paso hacia la discriminación institucionalizada" y han exigido al PP que reconsidere "de inmediato" su apoyo a la misma: "El País Valencià no puede ser laboratorio de pruebas de políticas de odio. La respuesta debe ser unánime y rotunda. Condenamos cualquier discurso o medida racista, rechazamos con absoluta firmeza que el odio se instale en las instituciones y advertimos que estas y otras medidas criminalizadoras serán confrontadas con la fuerza de la democracia".

"GRAVE RETROCESO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL"

Por otra parte, desde UGT PV han mostrado su "más profundo rechazo" a la propuesta de resolución y han alertado de que su aprobación en comisión evidencia "una preocupante cesión a las posiciones más reaccionarias de la ultraderecha".

A ello se suma, han agregado, la una proposición de ley conjunta del PP y Vox para modificar el Reglamento de Les Corts, en la que plantean dejar de utilizar el lenguaje inclusivo de las publicaciones de la cámara autonómica --apuestan por limitarse a "lo recomendado por la Real Academia de Lengua Española (RAE)"-- y eliminar cuatro comisiones parlamentarias: LGTBI, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana. "Suponen un grave retroceso democrático y social", han considerado desde el sindicato.

Dicho esto, han sostenido que el "argumento de que dichas comisiones tenían un carácter ideológico y sectario no es más que una cesión a Vox y una excusa para desmantelar espacios de representación y debate en defensa de la igualdad, la diversidad y los derechos humanos". Y han asegurado que esta eliminación "responde únicamente a una estrategia de alineamiento político con la ultraderecha y a una clara renuncia del PP valenciano a su autonomía".

UGT PV también ha denunciado que la propuesta de diferenciar a las personas migrantes de la población española en las estadísticas de uso de ayudas sociales o de los servicios públicos de salud tiene un "corte xenófobo" y "solo contribuye a reforzar prejuicios, alimentar discursos de odio y fomentar la división social". "En lugar de reconocer las aportaciones económicas, sociales y laborales de las personas migrantes, se pretende señalarlas como un problema, algo inaceptable en una sociedad democrática", ha lamentado.

UN "GIRO POLÍTICO" QUE "DEBILITA LA CONVIVENCIA"

Por ello, ha advertido de que el Consell liderado por el 'popular' Carlos Mazón, con estas actuaciones, "consolida un giro político que debilita la convivencia, la igualdad y los derechos humanos", ya que estas decisiones "no solo afectan a los colectivos más vulnerables, sino que empobrecen la calidad democrática de nuestras instituciones".

Frente a ello, ha reafirmado el compromiso de la organización sindical con "la defensa de los derechos laborales, sociales y humanos de todas las personas, independientemente de su origen, identidad o condición" y ha exigido al PPCV que "rectifique este rumbo y recupere el respeto por los valores de igualdad, pluralidad y justicia social que deben guiar a las acciones políticas en una sociedad democrática".