UP buscará aprobar regulación de viviendas colaborativas y el decreto para multar a fondos buitre antes de elecciones

VALNCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Unides Podem-Esquerra Unida, Pilar Lima, ha indicado destacado que su formación busca aprobar la regulación de las viviendas colaborativas y el decreto que permita multar a los fondos buitre antes del final de legislatura.

Así se ha pronunciado Lima en su rueda de prensa tras la Junta de Síndiques, en la que ha destacado que "hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunitat Valenciana es una de las principales prioridades del Grupo Parlamentario para los meses que quedan de legislatura en los que también se hará hincapié en el refuerzo de personal específico de salud mental en la atención primaria".

Así, ha destacado que la ley de viviendas colaborativas se retomará en la comisión el próximo 16 de enero, y con ella se aportará "una alternativa para el modelo especulador que trata la vivienda como un bien de mercado en vez de como un derecho social".

Lima ha explicado que con esta regulación de este nuevo modo residencial, que deberá incorporar, además de viviendas individuales, espacios o dependencias para uso común en al menos un 20% de la superficie y contará bonificaciones fiscales, la Comunitat Valenciana se acerca al objetivo de hacer totalmente "efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada al tiempo que se impulsa la reorientación del modelo productivo en materia residencial".

Por otro lado, Lima se ha congratulado de que "el decreto para multar el acoso de los fondos buitre a quienes tienen una vivienda en alquiler para que la abandonen que ya ha recibido informe favorable de la Abogacía de la Generalitat para continuar su camino, una norma que protegerá a los inquilinos frente a quienes entienden la vivienda como un simple bien de mercado con el que especular".

Este decreto ley que tramita también la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática prevé multas de hasta un millón de euros a las entidades financieras que, a la compra de un edificio, "acosen a los inquilinos con el fin de que abandonen la vivienda".

Se define como acoso inmobiliario la "acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarle en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generándole un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante" y el texto incluye además la obligación de los grandes tenedores de viviendas de la Comunitat Valenciana de "ofrecer una propuesta de alquiler asequible a la persona o unidad de convivencia en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y permanente, siempre que se constate por la administración pública competente en materia de vivienda, la situación de exclusión residencial".