UPyD insta a los 20 diputados valencianos del PP en el Congreso a "mejorar" el texto de la Ley del Aborto

VALENCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la Comunitat Valenciana ha instado a los tres parlamentarios 'populares' de Castellón con escaño en el Congreso de los Diputados, a los nueve de Valencia y a los ocho de Alicante a trabajar para "mejorar" el texto de la reforma de la Ley del Aborto. La formación sostiene que la norma recientemente presentada en la Cámara Baja supone "un paso atrás hasta situarnos en la cola de Europa".

El coordinador territorial del partido, Romain Muzzati, en un comunicado, ha afirmado que "los representantes de la soberanía nacional que han obtenido su escaño por la circunscripción de una de nuestras tres provincias bajo las siglas del PP no pueden ser cómplices de este tenebroso viaje atrás en el tiempo". A su juicio, la reforma planteada por el Gobierno de España supone "una involución evidente: no es sólo un ataque a las mujeres sino que es una afrenta a la sociedad plural y laica".

Muzzati ha añadido que esta ley "es una norma restrictiva, reaccionaria y retrógrada que nos retrotrae a un pasado en blanco y negro, planteada de manera irresponsable y sin ningún tipo de consenso".

El representante de UPyD ha argumentado que es una ley "injusta y generadora de inseguridad jurídica" que merece "una respuesta serena de la oposición democrática", pero también "una reflexión por parte del sector más centrado y moderado del Partido Popular". Además, ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a abandonar su "sectarismo" en esta materia.

"Necesitamos a todos los representantes sensatos para parar este desvarío y la Comunitat Valenciana puede ser un buen lugar para demostrar al PP y a este Gobierno que existe una amplísima mayoría de ciudadanos que no comparte la Ley de Gallardón", ha resaltado Muzzati.

LEY DE PLAZOS

La formación ha solicitado una ley de plazos que deje a la mujer gestante "la decisión final sobre la interrupción del embarazo" y ha pedido que se aumente más allá de las 14 semanas actualmente reguladas.

Este plazo, considera, "deberá ser regulado basándose en el consenso médico y científico sobre la viabilidad del feto y la detección precoz de malformaciones". "El objetivo es conciliar el derecho de la madre a una maternidad consentida y la protección del no nacido, bien jurídico que reconoce la Constitución y la jurisprudencia", ha resaltado.

En todo caso, entiende que "la ley debería prever la posible interrupción del embarazo ante posibles anomalías que hiciesen inviable el feto o cualesquiera circunstancias que pudiesen poner en riesgo la salud de la mujer gestante".