Vecinos piden al juez que inadmita la petición de CACSA en el caso de los festivales

   VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Vecinos de la Ciudad de las Artes han pedido al juez de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València (plaza nº8) que inadmita el recurso presentado por la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) sobre la sentencia de los festivales ya que, en primer lugar, no es una resolución firme que se pueda ejecutar. En segundo lugar, piden que se desestime porque la entidad plantea cuestiones sobre las que el fallo no se pronuncia.

   Así lo plantean en su escrito de alegaciones presentado al juzgado ante el incidente de ejecución presentado por CACSA tras la reciente sentencia que ampara a los vecinos de la zona por los ruidos excesivos de la discoteca y los festivales.

   El complejo de cultura y ocio de la Generalitat solicitó al juzgado que se pronuncie sobre la posibilidad de que puedan mantenerse en el recinto aquellas actividades musicales en las que se adopten, por parte de los promotores y la dirección de la Terraza Umbracle, "las medidas adicionales necesarias" que permitan controlar y garantizar que no se vulnera la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.

   CACSA alegaba que, "pese a no ser parte directamente afectada por el fallo" judicial, planteaba una solución para permitir, a su juicio, "la celebración de aquellos eventos musicales que cumplan con las medidas que eviten la contaminación acústica, respeten los niveles sonoros previstos legalmente e impidan la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos".

   Para ello, garantizaba que reforzaría sus medidas "ya existentes" contra el ruido con la exigencia de que cada promotor presentara un plan de actuación en sede judicial, de forma previa al evento, y garantizara que los medios técnicos y tecnológicos con los que llevará a efecto cada actividad y el procedimiento de control de los mismos "cumplirán con las condiciones exigidas".

   Frente a este escrito, los vecinos alegan, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que el artículo de la ley en el que se basa CACSA no es de aplicación, que la sentencia no es firme y se puede apelar, por lo que no cabe la ejecución de una resolución como si lo fuera. Lo que sí que cabe, afirman, es una ejecución provisional que únicamente podría pedir la parte beneficiaria de la sentencia que, en este caso, son los propios vecinos.

   Por ello, en primer lugar, piden la inadmisión del incidente de ejecución planteado y, en segundo, que lo desestime porque consideran que lo que se pretende es que el juzgado acuerde cosas nuevas que no han sido objeto de pronunciamiento en la sentencia.

   Los vecinos han aportado al juzgado un informe municipal del año 2017 del Servicio de Actividades del Ayuntamiento de València que, en su día, señaló a la Generalitat que existía un decreto de interés general del año 2006 aprobado por el gobierno autonómico que exime de licencias en CACSA, pero que se refiere a las actividades de concurrencia pública, recreativas, culturales o espectáculos públicos dentro de sus concretos espacios y que, a partir de la ley 14/2010 no puede alcanzar nunca actividades de espectáculos públicos o recreativas que explotan particulares.

    Además, alegan que el Ayuntamiento de València ya está ejecutando provisionalmente el fallo porque un informe reciente de 31 de marzo de 2026 establece que se prohíban en el recinto estas actividades.