La SGAE reivindica el valor de la propiedad intelectual como "generadora de empleo y riqueza"

Declaracones de la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, sobre la petición de mayor  regulación de los gigantes tecnológicos en la UE
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Publicado 26/04/2019 13:11:09CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La SGAE ha reivindicado el valor de la propiedad intelectual como "motor económico" de la sociedad y generadora de "empleo y riqueza", al tiempo que ha defendido a la cultura como "herramienta de transformación social".

La entidad ha defendido estos valores este viernes 26 de abril, fecha en la que cada año se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. "La creación es fundamental para el óptimo desarrollo de la sociedad, fomenta el diálogo e impulsa una ciudadanía más crítica; valores sobre los que se asienta una democracia", ha añadido.

La SGAE ha subrayado la relevancia económica de la cultura en España, una actividad que supone el 3,7% del empleo (687.200 personas), según datos del Anuario de Estadísticas Culturales 2018 del Ministerio de Cultura.

La aportación del sector cultural al PIB español se cifró en el 2,5%, ascendiendo al 3,3% si se considera el conjunto de áreas vinculadas a la propiedad intelectual. Tal y como resalta la entidad, son cifras similares al PIB generado por el sector de la agricultura, ganadería y pesca, que suma un 3%.

"Esta efeméride sirve para resaltar la plena vigencia del objetivo fundacional de la SGAE, una institución creada hace 120 años para que los autores pudieran vivir dignamente de su trabajo creativo", ha defendido.

En la actualidad, la Sociedad de Autores y Editores cuenta con más de 127.000 socios: compositores, letristas, autores dramáticos, coreógrafos, guionistas, directores audiovisuales y editores conforman "la familia autoral".

Además, ha destacado también la reciente aprobación de la nueva Directiva sobre Derechos de Autor, con el que los creadores recibirán una compensación proporcional por los contenidos que se ofrecen en las plataformas digitales.

"Además, para los usuarios supondrá una mayor transparencia y seguridad jurídica. Los países miembros de la Unión Europea tienen ahora un plazo de dos años para transponer la norma a sus ordenamientos jurídicos", ha añadido.

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