Fútbol.- El fiscal ve un "castillo de naipes" la acusación en el caso Los Cármenes

GRANADA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada se refirió hoy a la acusación particular y popular en el caso de la supuesta venta irregular del estadio de Los Cármenes como un "castillo de naipes", que se "derrumba" si "se le quita una carta", al no haber analizado "de forma científica" los hechos.

Durante la última sesión en la Audiencia Provincial del juicio, que hoy quedó visto para sentencia tras siete días de vista oral, que comenzó el 3 de septiembre, el Ministerio Público y las defensas de los imputados coincidieron en la limpieza de la operación y pidieron la libre absolución de los ocho acusados, cinco promotores inmobiliarios, que se agruparon en la entidad compradora, Lazasur, y tres ex directivos del Granada CF.

Los abogados de los acusados apuntaron asimismo la "mala fe" y "temeridad" de las acusaciones, por lo que pidieron la condena en costas para la particular --que ejerce el ex presidente del Granada CF Alfonso Suárez--; la popular --de la asociación de Socios de 20 años del Granada CF--; y el Ayuntamiento de Granada --personado como actor civil--.

Durante la presentación de su informe, el Ministerio Público afirmó que no existió engaño ni de los ex directivos del Granada CF ni de los cinco promotores que se integraron en Lazasur, puesto que eran conocidos los términos de la operación, que fue tratada además en una asamblea a la que todos los socios asistieron voluntariamente y en la que ninguno de ellos manifestó que los terrenos no podían venderse a terceros.

De igual modo, las normas de subasta también fueron publicitadas y publicadas en prensa, a juicio del fiscal, que mantuvo que no existió ánimo de lucro por los ex directivos y sí por Lazasur, pero como entidad "que se crea para ganar dinero, no como una ONG" y que está "en su perfecto derecho de sacarle el máximo rendimiento a la operación", que finalmente "no fue tan rentable".

En cuanto al Granada CF, el Ministerio Fiscal incidió en que se ha beneficiado con la venta del estadio, puesto que obtuvo 200 millones y además saldó deudas con sus acreedores al comprometerse Lazasur a pagarles, como así ha hecho, según recordó. Del Ayuntamiento de Granada dijo el fiscal no entender su personación en el caso, puesto que se retiró como posible comprador al no tener presupuesto para asumir la operación.

Al hilo y al no existir engaño, perjuicio, ni ánimo de lucro, el Ministerio Público consideró que no existió el delito de estafa que le atribuyen las acusaciones a los imputados, como tampoco existió delito societario puesto que éste sólo se refiere a sociedades mercantiles, cuando el Granada CF es una sociedad privada.

Tampoco consideró el fiscal que existieron los otros dos delitos que ve la acusación en las actuaciones de los imputados, el de maquinación para alterar el precio de las cosas y el de falsedad. Del primero indicó que, al no haber más postores en la subasta del estadio, al que sólo acudió Lazasur, no hubo perjuicio hacia otros posibles compradores.

De otro lado, del segundo, del que están acusados el ex presidente del club Cándido Gómez, el que fuera asesor jurídico, Luis Rivas y el ex secretario del Granada CF Antonio Lasso, el Ministerio Público sostuvo que no existió dolo, puesto que además, después del añadido en el acta de la asamblea extraordinaria de agosto de 1995, en una asamblea general se aprobó la misma "por lo que la rectificación era correcta".

NULIDAD DE INSTRUCCIÓN.

Las defensas, que se adhirieron al informe presentado por el fiscal, reiteraron lo que ya hicieron durante la primera sesión del juicio, aludiendo a la nulidad de la instrucción y la falta de criterio en la personación de las acusaciones. Todos los letrados señalaron que durante la vista ha quedado acreditado que ninguno de los ocho acusados han cometido delito alguno y lamentaron el "suplicio" que ha supuesto para todos ellos más de una década de investigación judicial.

Los abogados consideraron que el procedimiento ha sido "descabellado", "lamentable", "grave desde el punto de vista jurídico", "mediatizado", "intolerable", "ha criminalizado" a los imputados, y en él "se han visto fantasmas", entre otros calificativos referidos, que también apuntaron al juez instructor, Migue Ángel del Arco, que ha sido "más acusador".

Al finalizar la vista tan sólo el ex presidente del Granada CF Cándido Gómez ha hecho uso de su derecho la última palabra, en el que ha apuntado que, como uno de los principales acreedores, pudo presentarse a la subasta, pero que no lo hizo en beneficio del club deportivo.

La acusación particular mantuvo ayer su petición de penas y multas para los ocho imputados, aunque rebajó de seis a cuatro años de cárcel la del delito de estafa. Considera a los cinco responsables de la entidad Lazasur autores de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, por el que pide para cada uno de ellos tres millones de euros de multa; de un delito de estafa, con pena de cuatro años; y de un delito societario, con un años de cárcel.

De los mismos delitos ve también responsable al que fuera presidente del Granada CF en el momento en el que se vendió el campo, en 1996, Cándido Gómez, para el que solicita multa de tres millones de euros y un total de 6,5 años por ellos y también 1,5 años por el delito de falsedad.

Al que fuera asesor jurídico del club deportivo Luis Rivas también le atribuye la comisión de los delitos societario, estafa y falsedad, por los que le pide siete años de prisión. Para el entonces secretario del Granada CF, Antonio Lasso, solicita seis meses de cárcel y multa de 20 euros por día durante el mismo periodo.