BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha comentado este lunes que la "tendencia global" de la Junta Directiva blaugrana sería no ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que condena al expresidente Joan Laporta y siete exdirectivos a presentar un aval de 23,2 millones de euros por las pérdidas de su primer mandato, si bien esta decisión pertenece tomarla al socio que emprendió el proceso, Vicenç Pla.
"El Barça no puede hacer nada desde un punto de vista jurídico. Esta tarde, en debate informal en Junta, la tendencia global fue de no ejecutar la sentencia de los avales, sin dejar la puerta cerrada a cualquier acción jurídica a tomar para la defensa de este derecho de presentar los avales. Esta Junta seguirá avalando", comentó en rueda de prensa.
Así, de momento la 'pelota' vuelve a estar en el tejado de Vicenç Pla, quien pidió tras conocerse la sentencia del Supremo al FC Barcelona que tomara la decisión. Eso sí, Rosell ha negado haber hablado nunca con Pla, quien deberá decidir por sí mismo la ejecución o no de una sentencia que obligaría a Laporta y a los siete exdirectivos a presentar 2,9 millones de euros por cabeza como aval para cubrir el total de 23,2 millones de euros.
En este sentido, el secretario y portavoz de la Junta Directiva blaugrana, Toni Freixa, comentó que el club no puede hacer más que "quedar a la espera" de los movimientos de Pla o de los condenados, que podrían también decidir por su voluntad presentar el aval.
Pla, quien paralizó en su momento el proceso de la ejecución de la sentencia de la Audiencia a la espera del fallo del Supremo, llevó a Laporta a los tribunales al considerar que los ocho días de mandato de la temporada 2002/03, que generó las pérdidas de 63,8 millones de euros, son imputables a Laporta y que, por ello, tenía que presentar con su Junta Directiva un aval del 15 por ciento del presupuesto de la primera temporada de su segundo mandato, la 2006/07.
No obstante, Laporta y sus directivos no presentaron dicho aval al considerar que las pérdidas no eran suyas sino del anterior mandato del expresidente Joan Gaspart. Además, dados los beneficios de Laporta en el resto de temporadas de su primer mandato, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) exoneró a Laporta y su Junta de presentar aval.
El Supremo, por contra, consideró que la LFP no puede tener la última palabra en este sentido ya que la presentación de avales en clubes deportivos profesionales según la Ley del Deporte es un "deber legal" que debe y puede ser exigido, como es este caso, por los tribunales, por lo que confirmó la sentencia de la Audiencia y dio la razón al socio demandante.
