El socio Vicenç Pla pedirá a Rosell que ejecute la sentencia de los avales

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El socio del FC Barcelona Vicenç Pla ha pedido este lunes por la mañana a la actual Junta Directiva del club blaugrana y a su presidente, Sandro Rosell, que ejecuten en los próximos 15-20 días la sentencia del Tribunal Supremo que condena al expresidente Joan Laporta y siete de sus directivos a avalar 23,2 millones de euros por las pérdidas de su primer año de mandato, siempre que no lo haga éste.

Pla ha anunciado que si nadie mueve los hilos, ni Laporta ni el club, lo hará él mismo cuando así lo crea necesario, y es que perseguirá que el aval se ejecute. "Quien se presenta a presidente y directivo sabe que está sujeto a unas garantías y unas responsabilidades", reconoció en rueda de prensa.

Así, esperará a que Laporta y el resto de condenados --Alfons Godall, Jaume Ferrer, Alfonso Castro, Joan Boix, Josep Cubells, Rafael Yuste y Albert Perrín-- presenten el aval de 23,2 millones voluntariamente y, de no ser así, dará un margen de 15-20 días a Rosell y su Junta para que ejecuten la sentencia.

Con la 'pelota' en el tejado del club, Pla solo actuaría de mutu propio si el FC Barcelona no cede a su petición. Entonces, él mismo enviará al juez del TS la petición de que se ejecute la sentencia que obligaría a presentar unos 3 millones de euros por cabeza para cada uno de los directivos afectados.

La pasada semana fue el aspirante a presidente Agustí Benedito quien pidió a Pla y al FC Barcelona que no pidieran la ejecución de una sentencia que considera "injusta", como así lo hizo el entonces entrenador Pep Guardiola. No obstante, Pla hace caso omiso de estas peticiones y quiere que se haga justicia "por el bien del club".

Pla, quien paralizó en su momento el proceso de la ejecución de la sentencia de la Audiencia a la espera del fallo del Supremo, llevó a Laporta a los tribunales al considerar que los ocho días de mandato de la temporada 2002/03, que generó las pérdidas de 63,8 millones de euros, son imputables a Laporta y que, por ello, tenía que presentar con su Junta Directiva un aval del 15 por ciento del presupuesto de la primera temporada de su segundo mandato, la 2006/07.

No obstante, Laporta y sus directivos no presentaron dicho aval al considerar que las pérdidas no eran suyas sino del anterior mandato del expresidente Joan Gaspart. Además, dados los beneficios de Laporta en el resto de temporadas de su primer mandato, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) exoneró a Laporta y su Junta de presentar aval.

El Supremo, por contra, considera que la LFP no puede tener la última palabra en este sentido ya que la presentación de avales en clubes deportivos profesionales según la Ley del Deporte es un "deber legal" que debe y puede ser exigido, como es este caso, por los tribunales, por lo que confirma la sentencia de la Audiencia y da la razón al socio demandante.