MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, recalcó que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que ha sancionado a España en el Eurobasket 2017 por participar en el proyecto de clubes de la Euroliga y no en el de FIBA Europa, "tiene derecho a tomar decisiones", pero tiene claro que se encontrará una "solución al conflicto" ya que no se puede "extrapolar" el castigo de los clubes a un "país".
"He defendido toda la estructura del deporte internacional, una vez que te afilias tienes que acatar unas decisiones ya que estás ahí porque quieres, por lo que la FIBA está en su derecho de tomar decisiones", declaró Blanco en un acto organizado en el COE.
En este sentido, lanzó una pregunta. "¿Si el problema es de los clubes, por qué se sanciona al país? Eso es algo que lo tienen que arreglar, que tiene solución y que la encontrarán porque no podemos extrapolar las cosas. Sin ninguna duda defiendo a la FIBA y sin ninguna duda defiendo a los clubes", zanjó.
Por otra parte, Blanco comentó la necesidad de "cambiar la legislación" para que los deportistas puedan contar con "mecenas" en base a una financiación "vital" para el buen desarrollo del deporte que pese a seguir con el "milagro" de los éxitos deportivos, recibe una financiación pública similar a la de 1986 por lo que los sponsors son fundamentales.
"Si de verdad creemos en el deporte español y la Marca España no podemos esperar más tiempo a cambiar nuestra legislación al de otros países para recibir donaciones. El problema de la Ley de Mecenazgo es uno de identidad y de concienciación. Pese a ello, con menos recursos siguen saliendo resultados, pero si la legislación no cambia, el futuro es complicado. Los que estamos al lado del deporte somos nosotros, los demás no sé donde están", advirtió.
Finalmente, sobre los problemas que Javier Fernández, bicampeón del mundo de patinaje artístico, está teniendo a la hora de desplazarse a trabajar a Canadá ya que no cuenta con el visado, Blanco aseguró que el COE "tiene sus competencias" y que esta en cuestión "no está entre ellas", pero que aún así se han dirigido "a todos los organismos correspondientes para intentar solucionarlo". "No es un problema cuyo responsable sea España, es un problema de Canadá que lamentamos muchísimo", concluyó.