MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresas de Obra Pública (Aerco) ha solicitado al Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) que investigue el grado de competencia del sector de la obra pública, por considerar que existen posibles restricciones del libre mercado derivadas de la presentación de ofertas por debajo de coste.
"La experiencia demuestra que el sistema legal vigente posibilita y viene legitimando la adjudicación constante y sistemática de contratos a favor de empresas licitadoras que presentan ofertas con una baja porcentual desproporcionada respecto al precio objetivo del contrato establecido por la Administración contratante", indica Aerco en el escrito remitido al SDC.
"Estas ofertas resultan en muchos casos inferiores al precio de mercado y forman parte de una estrategia encaminada a eliminar al grupo de empresas competidoras al objeto de conseguir la adjudicación del contrato", denuncia Aerco.
En su solicitud de investigación a Competencia, la patronal remite ejemplos de contratos de obra pública adjudicados durante 2005 con bajas porcentuales de hasta un 47% respecto al presupuesto de licitación.
Aerco reconoce que los distintos órganos públicos contratantes de obra pública, "especialmente el Ministerio de Fomento", están preocupados por este hecho, pero considera que con la legislación vigente no pueden eliminar estas prácticas.
LA NUEVA LEY NO RESUELVE PROBLEMA.
De igual forma, apunta que el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en fase de información pública, tampoco resuelve el problema.
Por todo ello, en su solicitud a Competencia Aerco pide que el articulado definitivo de esta nueva ley, así como el posterior reglamento que lo desarrolle, incluya un mecanismo que rechace automáticamente aquellas ofertas que se presenten a un concurso de obra pública "con bajas de precio anormales y fuera de los precios de mercado".
Asimismo, pide que los nuevos textos normativos del sector den potestad a las administraciones a fijar límites a los precios de las ofertas, tal como, según Aerco, ya lo hacen algunas administraciones públicas.
La patronal considera que, de esta forma, se "evitaría la discriminación territorial y se garantizaría la libre competencia en todo el territorio nacional".
Aerco agrupa a 34 medianas constructoras pertenecientes a 14 comunidades autónomas que, según sus datos, suman una cifra de negocio superior a los 2.000 millones de euros y dan empleo a más de 9.000 personas.
