Economía.-Corredor dice que el 'stock' de pisos tardará dos años en absorberse, pero que el Gobierno no comprará ninguno

Actualizado: miércoles, 29 octubre 2008 13:37

CiU propone que el Gobierno compre 30.000 de estas viviendas sin vender y que el ICO sufrague el 20% de las hipotecas de las familias


MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, avisó hoy de que, aunque el Gobierno es consciente de que el 'stock' de viviendas sin vender podría tardar en absorberse entre un año y medio y dos años, no está dispuesto a comprar ninguna de estas viviendas.

Interpelada por el CiU en el Congreso de los Diputados, Corredor indicó que esta 'bolsa' de viviendas podría superar los 650.000 inmuebles al final del año. Si bien, igual que esta sobreoferta está en manos de los promotores, lo está, también, una de las soluciones "más eficientes", el "ajuste del margen de beneficios" de acuerdo con la "lógica económica".

Así pues, indicó que la absorción del excedente de viviendas supone un "reto" para el Gobierno, pero que eso "no quiere decir que tenga que adquirir el 'stock' a los actuales precios, que se ha demostrado que estaban sobrevalorados".

En este mismo sentido, la ministra de Vivienda sentenció: "No va a haber ninguna medida en el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 destinada a transferir los recursos que con tanto esfuerzo estamos destinando a apoyar la vivienda accesible a los promotores que han construido inconscientemente muy por encima de las expectativas".

APROVECHAR LA OPORTUNIDAD PARA GENERAR MÁS VPO.

Por el contrario, la ministra de Vivienda consideró que la actual situación del mercado inmobiliario y la existencia de este 'stock' de viviendas supone una "oportunidad" para convertir este excedente en un parque de viviendas protegidas más amplio.

En este sentido, la titular de Vivienda recordó algunas de las medidas que se incluirán en el nuevo Plan Estatal de Vivienda para facilitar la conversión de parte de este 'stock' en vivienda protegida y para flexibilizar algunos requisitos de acceso a la VPO, con el fin de permitir que las rentas medias también puedan optar a su compra o alquiler.

Además, avanzó que el Ministerio de Vivienda prevé firmar el texto del plan con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial que se celebrará en Barcelona el próximo miércoles, día 5, y que el jueves, un día después, dará cuenta del Plan ante la Cámara Baja a petición propia.

MENOS PRUDENCIA Y MÁS MEDIDAS AUDACES.

Ante las peticiones de mayor "audacia" del portavoz de CiU, Pere Macías, Corredor apostó por desarrollar una política de vivienda basada en la debida "prudencia".

Concretamente, Macías instó al Gobierno a adoptar tres medidas que el grupo catalán concretará en la moción motivada por la interpelación de hoy y que presentará próximamente. En primer lugar, CiU apuesta por que la Administración General del Estado (AGE) adquiera el compromiso de comprar 30.000 viviendas y que las administraciones autonómicas hagan lo propio con otras 10.000.

Según sus cálculos, estas adquisiciones tendrían un coste de unos 6.000 millones de euros y 2.000 millones de euros, respectivamente. Además, cada promotor debería construir una vivienda nueva por cada una adquirida por las administraciones.

Ahora bien, entre los beneficios, Macías enumeró los siguientes: el rescate de 100.000 puestos de trabajo (2,5 empleos por vivienda), un ahorro a la Seguridad Social en prestaciones por desempleo de 1.380 millones de euros y un incremento de la recaudación vía impuestos (IVA, Impuesto de Transmisiones, etc.) de 1.200 millones de euros.

"Por tanto, en un sólo año, más de 2.500 millones de euros, de estos 6.000 invertidos, retornarían a las arcas del Estado", añadió.

Asimismo, CiU abogó por que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) disponga de una línea de financiación para costear el 20% de las hipotecas de las familias, que junto a los gastos burocráticos que acarrean, suponen una media de 7.500 euros previos al pago mensual del crédito.

Finalmente, CiU apuesta por la utilización de parte del fondo de adquisición de activos para la compra de activos vinculados a la actividad inmobiliaria y, además, por la obligación de que la liquidez generada por esta compra se destine a la concesión de créditos hipotecarios.

Macías aseguró finalmente que la buena salud de las cuentas públicas hace que estas medidas puedan ser "perfectamente asumidas" para hacer aflorar una "importante demanda insatisfecha" y absorber, de paso, el 'stock' de viviendas sin vender.