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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Oxfam Intermón ha alertado de que el rechazo de la Diputación Permanente del Congreso al real decreto que contemplaba la renovación automática de los contratos de alquiler podría empujar a cerca de un millón de inquilinos más a una situación de sobreesfuerzo económico en 2029, cuando acabará la prórroga de dos años que sí se ha aprobado, al tener que destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda.
Según las estimaciones de la organización, si al finalizar la prórroga extraordinaria de los alquileres a finales de 2028 los contratos tuvieran que renovarse a precios de mercado, el número de inquilinos en esta situación podría pasar de los 2,3 millones registrados en 2025 a más de 3,3 millones en 2029.
Así, el porcentaje de inquilinos que pagan rentas a precio de mercado y se encuentra en situación de sobreesfuerzo aumentaría del 27,7% al 39,3%.
La organización ha advertido también de que más de cinco millones de personas arrendatarias podrían quedarse sin una solución estable cuando finalice la prórroga extraordinaria. Cataluña, con cerca de 1,2 millones de personas potencialmente afectadas; Madrid, con algo más de un millón, y la Comunidad Valenciana, con cerca de 600.000, serían los territorios con mayor población expuesta a una renovación de sus contratos en condiciones de mercado.
Asimismo, Oxfam Intermón calcula que una persona que firmó su contrato de alquiler en 2022 y tuviera que renovarlo en enero de 2029 a precio de mercado podría afrontar un incremento de la renta de hasta el 48%. Si tuviera que hacerlo en la actualidad, la subida sería del 31%.
"La votación de hoy demuestra que la vivienda no puede seguir abordándose con una sucesión de medidas de emergencia", ha señalado el responsable de vivienda de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, quien ha valorado que sí haya salido adelante el decreto que refuerza la función social de la vivienda.
No obstante, Oxfam Intermón ha recordado que algunas de las medidas tienen una vigencia limitada y ha reclamado a los partidos políticos que, de cara a la próxima legislatura, garanticen la estabilidad de los contratos de alquiler y amplíen la oferta de vivienda asequible y social.
Entre sus propuestas, plantea establecer un sistema de renovaciones automáticas de los contratos, movilizar viviendas existentes y ampliar el parque público y social, además de adoptar medidas para limitar la especulación inmobiliaria.
"Una crisis estructural no se resuelve encadenando soluciones excepcionales", ha afirmado García-Gil, que ha pedido a las formaciones políticas que conviertan las reivindicaciones expresadas durante la huelga general y las manifestaciones del 11 de noviembre en "garantías duraderas".
