La Comisión del Congreso aprueba las reformas de las leyes de estabilidad presupuestaria, con los votos de PSOE, IU-ICV y CC
MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Economía tendrá un mes más de plazo, hasta el 1 de octubre, para elevar al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio inmediato anterior, según se acordó hoy en la la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, en la que se aprobó las reformas de las leyes de estabilidad presupuestaria.
Tras el debate, estas reformas fueron aprobada por la Comisión con los votos del PSOE y los apoyos de IU-ICV y Coalición Canaria (CC-NC). Los socialistas rechazaron prácticamente todas las enmiendas que habían presentado las formaciones minoritarias.
El único cambio introducido fue la modificación del plazo para que el Ministerio de Economía eleve al Gobierno un informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, que luego ha de ser expuesto a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hasta ahora, ese informe tenía que presentarse el 1 de septiembre, pero con la reforma de hoy, se dispondrá de plazo hasta el primero de octubre para ajustarse a la normativa europea sobre calidad de datos estadísticos.
La nueva Ley General de Estabilidad Presupuestaria flexibiliza el límite del gasto de las comunidades autónomas, y modifica en este sentido la ley de 2001 del Partido Popular. Asimismo, la ley complementaria de rango orgánico, también aprobada por la comisión, tendrá que pasar por el Pleno del Congreso antes de su remisión al Senado.
Estas reformas fueron presentadas antes del verano y permitieron que el Ejecutivo sacara adelante el techo de gasto para 2006, tras un acuerdo con ERC y las formaciones nacionalistas sobre el alcance de los cambios.
El pasado 3 de noviembre, en defensa del proyecto frente a la enmienda de totalidad del PP, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, aseguró que la reforma de la ley de estabilidad favorecerá el crecimiento económico, y señaló que algunos aspectos de la norma actual habían sido "insuficientes", pues algunas comunidades autónomas y corporaciones locales no han cumplido estos años con los objetivos marcados de endeudamiento.
También enumeró, en aquel momento, los objetivos que persigue la reforma de las leyes, y que son compatibilizar la estabilidad presupuestaria con el aumento de la productividad, garantizar "el máximo respeto" a la autonomía financiera y capacidad de decisión de las comunidades autónomas y ayuntamientos, dotar de mayor racionalidad económica al principio de estabilidad presupuestaria, separar los objetivos de estabilidad de cada administración, y reforzar la disciplina fiscal con mecanismos preventivos con una mayor transparencia de las cuentas públicas.
Esta mañana, Pedro Saura, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía y Hacienda, reiteró que la reforma responde a una necesidad de hacer una política fiscal "más racional" y pretende hacer compatible la estabilidad con los presupuestos necesarios para mejorar la productividad y la competitividad en la economía.
A su juicio, la nueva reforma de estabilidad presupuestaria tiene en cuenta, en mayor medida, a las comunidades autónomas y vela por más transparencia en las cuentas públicas, razones en las que hizo hincapié.
EL PP RECHAZA CAMBIOS
Por su parte, la portavoz del PP, la ex ministra Elvira Rodríguez, recalcó que la anterior Ley General de Estabilidad Presupuestaria, vigente desde 2001, funcionó y consiguió el saneamiento económico, por lo que consideró un "error" volver a quitar el límite de gasto, al que el anterior Gobierno puso un tope con el fin de alcanzar el déficit cero.
A su juicio, la reforma presupuestaria propuesta por el Gobierno socialista supone "terminar con el concepto de equilibrio presupuestario, que tan buenos resultados ha dado a la economía española en términos de crecimiento y creación de empleo". Para la diputada, la ley "era una de las claves para que nuestra economía creciera y creara empleo de forma sana y sostenible en el tiempo".
Por último, el PP subrayó que sus enmiendas buscan corregir esa "inadecuada flexibilización" y tratan de evitar que se elimine "la transparencia de los procedimientos y se confunda con una reglamentación exhaustiva de las obligaciones de rendición de información de las distintas administraciones al Ministerio", aseguró.
