El departamento de Pedro Solbes da a los ministerios seis meses de plazo para solucionar las deficiencias detectadas
MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Intervención General del Estado (IGAE) ha dado el visto bueno a las cuentas de 2004 de la mayoría de los principales organismos públicos estatales auditados, según el Plan anual de Control Financiero Permanente y el Plan de Auditorías elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda y analizado por el Consejo de Ministros.
En concreto, de un total de 188 entidades del sector público estatal --administrativas, empresariales y fundacionales-- auditadas por la IGAE, la opinión de los auditores sobre las cuentas del año 2004 de estos organismos ponen de manifiesto que 72 han sido favorables y 106 más también han resultado favorables, aunque con salvedades.
Hacienda explica que estos reparos están relacionados con circunstancias que, sin justificar una opinión desfavorable o su denegación, afectan a determinadas partidas concretas.
Por su parte, la auditoría favorable se ha denegado en seis entidades, dado que el auditor no ha obtenido las evidencias necesarias para formarse una opinión adecuada de las cuentas. Asimismo, se ha realizado un informe negativo de otras dos entidades, salvo para los estados de liquidación de sus presupuestos, que han resultado favorables.
SEIS MESES PARA CORREGIR ERRORES.
Ante estos resultados, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha emplazado a todos los ministros afectados a que en el plazo de seis meses comuniquen la evolución de las medidas tomadas para resolver las deficiencias puestas de manifiesto en los informes de auditoría y que afectan a cada uno de sus departamentos.
Las auditorías de la IGAE tratan de verificar si los sistemas de gestión económico-financieros de los organismos públicos se adecuan a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia que han de regir la gestión de los órganos y entidades que integran el sector público estatal.
El departamento de Pedro Solbes afirma que es la primera vez que este ministerio ha remitido dicho informe al Consejo de Ministros, en cumplimiento de lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
