MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que exige al Gobierno que encargue a expertos independientes un informe sobre posibles modificaciones normativas en el sistema de fijación de los precios de la luz, documento que debería presentarse antes de que el Consejo de Ministros ponga en marcha el nuevo mecanismo en el que ya trabaja el Ministerio de Industria.
En la iniciativa, que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes defienden la necesidad de "ir más allá de las medidas que se están improvisando" a resultas de la anulación, el pasado mes de diciembre, de la subasta Cesur, y establecer un nuevo sistema más transparente y objetivo que aborde tanto el problema del déficit tarifario como la necesaria competitividad y eficiencia de precios para familias y empresas.
Por eso, propone al Ministerio que dirige José Manuel Soria que, en el plazo máximo de un mes, solicite un informe de representantes de todos los agentes implicados en las subastas y de expertos independientes que incluya propuestas de cambios legales para "mejorar la transparencia y la formación de los precios" de la electricidad, así como para "garanticen la imparcialidad" del mecanismo, evitando "futuros comportamientos anormales y especulativos" en el mercado eléctrico y "posibles distorsiones" en los precios.
Un trabajo "adicional" al que puedan llevar a cabo el Ministerio o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que debería ser "supervisado" y debatido por la Comisión de Industria del Congreso en búsqueda del "más amplio consenso posible", antes de que se adopte un nuevo mecanismo a partir del segundo trimestre del año.
A FALTA DEL INFORME "EXHAUSTIVO" DE LA CNMC
El pasado mes de diciembre, la CNMC invalidó la subasta Cesur después de que hubiera fijado una subida del precio de la luz para el primer trimestre del año del 26,5% que, trasladado a la factura, hubiera significado un incremento del coste para los consumidores cercano al 11%. El Ejecutivo aprobó posteriormente un incremento del 2,3% para este periodo, anunciando la puesta en marcha de un nuevo sistema de fijación de precios que aún no se ha concretado.
Además, el 'superregulador' debe aún emitir un informe exhaustivo sobre lo sucedido en la subasta Cesur, si bien en pronunciamientos preliminares ha señalado que se produjeron "circunstancias atípicas", sin mayores precisiones.
