MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria ha solicitado a Red Eléctrica de España (REE) que le presente un informe sobre la actuación de Iberdrola en el mercado mayorista de electricidad ('pool'), al objeto de comprobar si la estrategia seguida por la empresa de no acatar las normas que regulan este mercado es compatible con la legislación del sector y si con esta estrategia está causando perturbaciones en la gestión técnica del sistema, informaron a Europa Press en fuentes de este departamento.
En concreto, el Ministerio que dirige José Montilla ha pedido a Red Eléctrica que le informe de si la decisión de Iberdrola de no aceptar de facto el Real Decreto de marzo, que establece un precio regulado y provisional de 42,35 MWh para la energía que venda la generadora y compre la distribuidora de un mismo grupo es compatible con la legislación del sistema eléctrico español.
También le pide que analice si la actuación de Iberdrola de ignorar las reglas del mercado está causando "perturbaciones" en la gestión técnica del sistema.
Industria justifica la petición a REE en el hecho de que es la única entidad que suma al tiempo competencias legales y conocimientos técnicos sobre el sistema eléctrico, dado que actúa como gestor técnico del sistema.
Las mismas fuentes indicaron que Industria adoptará las decisiones "pertinentes" una vez conozca las conclusiones del informe solicitado a la empresa que preside Luis Atienza.
IBERDROLA MANTIENE EL PULSO CON EL GOBIERNO.
Por su parte, Iberdrola Distribución mantiene el pulso con el Gobierno. Ayer comunicó que continúa con su política de limitar el precio de compra de energía en los mercados eléctricos diario e intradiario a 33 euros por megavatio/hora (MWh) para tratar de minimizar de este modo las pérdidas económicas que le ha provocado el citado Real Decreto.
La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán esgrime que esta norma fue anunciada como provisional y fija un precio "irreal" para las operaciones intragrupo en los citados mercados de 42,35 euros por MWh.
Así, explicaba que el Real Decreto 3/2006 supone que las empresas de distribución de electricidad --una actividad regulada por el Estado-- tengan que comprar la energía que necesitan a precio de mercado (en torno a los 60 euros por MWh), pero la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sólo les reconoce en la liquidación un pago de 42 euros por MWh, por lo que acumulan pérdidas "que no pueden recuperarse de ningún modo". La compañía enmarca esta decisión, que aplica desde hace una semana, en la defensa del libre mercado, del servicio eléctrico -sostiene que no supone riesgo alguno para el suministro- y de los intereses de sus accionistas, "ya que no puede permitirse seguir acumulando pérdidas como consecuencia de la incertidumbre regulatoria".
En el caso de Iberdrola el negocio de distribución es mayor que el de generación, por lo que el déficit de energía debe adquirirse en el 'pool' a precios de mercado mucho más elevados que los 42 euros por MWh establecidos por la normativa.
