El fraude fotovoltaico podría afectar a cerca del 15% del sector y será castigado con la devolución de las primas
MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria trasladará mañana al Consejo de Ministros un real decreto para perseguir el fraude fotovoltaico por el que se investigará en una primera fase si cerca de 800 megavatios (MW) sospechosos de estar en condiciones irregulares --cerca de una cuarta parte de los 3.300 MW inscritos-- merecen seguir recibiendo prima.
En concreto, la inspección, a cargo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se dirigirá a las plantas inscritas poco antes del 28 de septiembre de 2008, cuando expiró el marco retributivo del real decreto 661/2007, en el que se contemplan unas primas de cerca de 465 euros por megavatios hora (MW/h), muy superiores a las actuales.
Fuentes de Industria, que adelantan la aprobación mañana del real decreto, recuerdan que aquel cambio regulatorio creó un "efecto llamada" y un "aluvión" de nuevas plantas, muchas de ellas irregulares, y aseguran que la Secretaría de Estado de Energía se ha propuesto como "prioridad" acabar con los posibles fraudes realizados.
Con el nuevo decreto, que en Industria llaman coloquialmente "de trazabilidad", el regulador pedirá a las plantas sospechosas documentos de aduanas, facturas, certificados de instalación, fotografías o cualquier documento que pueda demostrar que la planta funcionaba correctamente en el momento de su inscripción.
Desde la apertura del expediente, la CNE tendrá 45 días para solicitar los documentos, y el promotor otros dos meses para presentarlos. Si se demuestra la irregularidad de la planta, y sin perjuicio de otras medidas administrativas o incluso penales, al propietario se le retirará la prima y se le retribuirá en el mercado, como si fuese una instalación eléctrica convencional.
Además, se le obligará a devolver con intereses de demora todas las primas recibidas desde septiembre de 2008 y, si desea regresar al sistema de subvenciones, tendrá que ponerse el último en la cola de aspirantes al prerregistro de asignación, lo que podría obligarle a esperar entre tres o cuatro años. A estas plantas irregulares se las inscribirá en una subsección nueva del prerregistro, que será pública.
El dinero que se recaude con las devoluciones de primas pasará a la caja única de la CNE, con la que se financian costes regulados como transporte, distribución y las propias primas, de modo que podrá repercutir en una contención del déficit de tarifa.
SOLUCIÓN PARA ARREPENTIDOS.
Frente a la opción de quedarse sin primas, devolver lo cobrado y esperar al prerregistro, el nuevo decreto incluirá una disposición adicional para que los arrepentidos o los que duden de su situación puedan evitar la apertura del expediente y sus consecuencias. Las fuentes de Industria rechazan hablar de "amnistía".
Si se acogen a esta fórmula, los promotores no tendrán que devolver la prima y, pese a renunciar a los 465 euros por MWh del 661/2007, pasarán automáticamente a recibir la prima de 320 euros por MWh de la primera convocatoria del actual decreto en vigor, el 1578/2008, sin necesidad de hacer cola y exponerse a una retribución menor.
PRIORIDAD DE INDUSTRIA.
La persecución de las irregularidades, indican las fuentes, se ha convertido en una de las prioridades de la Secretaría de Estado de Energía, cuyos técnicos temen que el fraude fotovoltaico, a la vista de las inspecciones acometidas hasta la fecha por la CNE, afecten a cerca del 15% de los megavatios del sector. En España, hay cerca de 55.000 instalaciones fotovoltaicas.
El Ministerio de Industria asegura que este decreto cuenta con el apoyo del sector fotovoltaico y con el de las comunidades autónomas, con las que no se incurrirá en conflicto porque, al margen de la potestad de estas últimas para dar ciertas autorizaciones, el reparto de la prima corresponde en última instancia al Gobierno central.
