MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, mostró hoy su satisfacción con el acuerdo político firmado ayer entre PP de Madrid, PSM, CC.OO. y UGT en Caja Madrid, y apuntó que la reforma de la Ley de Cajas prevista en dicho texto estará redactada "en el próximo periodo de sesiones", que comienza en febrero.
En declaraciones a Europa Press tras visitar el centro de formación del Grupo Vips, Beteta indicó que aún no le ha sido trasladada "la urgencia" del acuerdo adoptado ayer, aunque "es de suponer que en el próximo periodo de sesiones el texto tenga que estar elaborado". "No sé si aprobado, pero al menos sí elaborado", matizó.
Esta reforma de la normativa autonómica derivará del propio acuerdo del que, tal y como reconoció el consejero, "se desprende que las fuerzas políticas se pondrán a trabajar ahora". Así, ofreció "el máximo apoyo" del Ejecutivo autonómico para "la confección del texto, de modo y manera que cubra los requerimientos del acuerdo político alcanzado".
"Las leyes están para dar satisfacción a las necesidades políticas y de los ciudadanos, y nosotros contribuiremos totalmente a que lo firmado sea una realidad", añadió.
A continuación, aseguró que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid valora muy positivamente el proceso de renovación de cargos de Caja Madrid y que haya un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas y sociales en la persona de Rodrigo Rato (para ejercer la Presidencia)".
A su parecer, este consenso "demuestra que habrá una estabilidad en la cuarta entidad financiera española, y eso es muy bueno para Madrid, para el sistema financiero y para España", por lo que felicitó a "todos los que han trabajado y conseguido este éxito".
CC.OO., UGT y PSM firmaron ayer oficialmente con el PP de Madrid el acuerdo de estabilidad alcanzado para la caja madrileña, que incluye una reforma de la Ley de Cajas autonómica y una lista electoral única encabezada por Rodrigo Rato. Asimismo, se recoge el compromiso de los firmantes de incrementar la presencia de las entidades sociales, empresariales y sindicales en la Asamblea general de la Caja, en el consejo de administración y en la Comisión de Control por este sector, ampliando el número de representantes en dichos órganos.
