MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las entidades residentes en España y las filiales de extranjeras que desarrollen una actividad significativa en el país podrán solicitar desde hoy avales del Estado para sus nuevas operaciones de financiación, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), unas garantías que alcanzarán un importe máximo de 100.000 euros este año.
El decreto-ley que entra hoy en vigor recoge las medidas de urgencia aprobadas ayer por el consejo de ministros, en el marco de las medidas anunciadas por los jefes de Gobierno de los países de la Eurozona el domingo.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero considera que estas medidas son "imprescindibles" y "vitales" para solventar la grave situación del sistema financiero y, como consecuencia, de la economía.
En concreto, esta norma considera operaciones de financiación las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones admitidas a negociación en mercados secundarios oficiales españoles. El aval se podrá extender, en su caso, a otros instrumentos bancarios, tales como los depósitos interbancarios, en el marco de un esquema concertado y coordinado entre los gobiernos de la zona euro.
El plazo máximo de estas operaciones será de cinco años y, para acceder a los avales las entidades deberán cumplir los requisitos que establezca el Ministerio de Economía y Hacienda, entre los cuales se podrán incluir las condiciones especiales de solvencia que proponga el Banco de España.
El Ministerio de Economía y Hacienda otorgará avales hasta el 31 de diciembre de 2009, y el importe máximo que se podrá conceder en 2008 será 100.000 millones de euros. Además, las entidades deberán abonar una comisión que refleje el riesgo que asuma el Estado en cada operación.
EL ESTADO YA PUEDE COMPRAR TÍTULOS DE ENTIDADES.
Asimismo, hoy entra en vigor la autorización al Ministerio de Economía y Hacienda para la adquisición de títulos emitidos por las entidades de crédito residentes en España que necesiten reforzar sus recursos propios y así lo soliciten, incluyendo participaciones preferentes y cuotas participativas.
Zapatero subrayó ayer que se trata de una medida "cautelar" y de "carácter preventivo" para establecer una fórmula que permita recapitalizar las entidades "si fuera necesario", ya que en España no existe una situación de insolvencia.
"A día de hoy no es necesario, no hay que poner ninguna cantidad ni vamos a actuar", subrayó Zapatero, quien aseguró que el Ejecutivo ha "considerado conveniente incorporar esta disposición" por si fuera necesario actuar, "si llegara el momento", con otro instrumento legislativo.
Asimismo, hoy aparece publicado en el BOE el decreto-ley que regula la creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, que estará adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía, con cargo al Tesoro, y contará con una aportación inicial de 30.000 millones, ampliable hasta 50.000 millones, para que el Estado compre títulos hipotecarios y otros activos de alta calidad de las entidades españolas.
El fondo recurrirá a "procedimientos competitivos" para seleccionar los activos y realizará adquisiciones "de acuerdo con los mecanismos habituales en los mercados financieros". Además, el fondo invertirá en instrumentos financieros emitidos por entidades de crédito y fondos de titulización respaldados por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras.
La norma, que entra en vigor mañana, establece que será el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de un consejo rector y una comisión ejecutiva, quien se ocupe de la administración, gestión y dirección del fondo.
En concreto, el consejo rector estará presidido por el ministro de Economía y Hacienda y formarán parte de él los secretarios de Estado de Economía y de Hacienda y Presupuestos, así como el presidente del Instituto de Crédito Oficial, el Abogado General del Estado y el Interventor General del Estado.
El Ejecutivo subraya que la "urgencia" con que se aprueban estas medidas deriva de la situación actual de los mercados, en los que se observa una intensa disminución de la capacidad de las entidades financieras para captar recursos en los mercados.
El objetivo es que los flujos de crédito puedan llegar a las familias y empresas, para que puedan tomar con normalidad sus decisiones de consumo, ahorro e inversión.
