MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros recibió hoy un informe del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago, por el que se transpone a la normativa española la Directiva comunitaria de 2007 sobre servicios de pago en el mercado interior. Asimismo, aprobó la remisión del Anteproyecto al Consejo de Estado para su dictamen.
El Anteproyecto de Ley garantiza que los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea, en concreto las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago efectuadas mediante tarjeta, puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros.
Por otra parte, contribuye al reforzamiento de los derechos y a la protección de todos los usuarios de servicios de pago y facilita la aplicación operativa de los instrumentos de la zona única de pagos en euros (SEPA).
Entre los servicios de pago regulados, el Anteproyecto establece la ejecución de transferencias, la ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar y la ejecución de los adeudos domiciliados, y extiende su ámbito a otros servicios de pago tales como la emisión y adquisición de instrumentos de pago o el envío de dinero.
PROVEEDORES AUTORIZADOS.
Asimismo, se reserva la actividad a determinadas categorías de proveedores de servicios de pago, principalmente a las entidades de crédito (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y entidades de dinero electrónico) y a las nuevas entidades de pago.
En definitiva, la prestación de cualquiera de los servicios de pago enumerados y regulados por el Anteproyecto de Ley queda prohibida a cualquier persona física o jurídica que no tenga la condición de proveedor de servicios de pago.
El Anteproyecto de Ley establece un nuevo tipo de entidades autorizadas para la prestación y ejecución de los servicios de pago regulado por la Directiva, las entidades de pago, y configura el régimen jurídico de esta nueva categoría de entidades. Para ello se prevé la necesaria condición de persona jurídica y la expresa prohibición de captar depósitos u otros fondos reembolsables del público, así como de emitir dinero electrónico.
Entre los aspectos sustanciales del régimen jurídico contemplado en el Anteproyecto destacan las condiciones de autorización administrativa, para lo que se contempla, en coherencia con el sistema vigente para las entidades financieras que realizan funciones de naturaleza bancaria, que tal autorización corresponda al ministro de Economía y Hacienda.
El ministro contará para ello con los preceptivos informes del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC); los requisitos de capital inicial y recursos propios; el listado de actividades que pueden realizar y los requisitos de garantía previstos para la salvaguarda de los fondos recibidos para la ejecución de las operaciones de pago.
Además, el Anteproyecto completa el régimen jurídico de las entidades de pago con las oportunas disposiciones referidas al ejercicio del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios dentro de la UE, a la utilización de agentes y delegación de funciones, a la contabilidad y auditoría, y al ejercicio de la función supervisora del Banco de España en términos similares a los previstos por la legislación vigente para las entidades de crédito.
TRANSPARENCIA.
Con objeto de garantizar la adecuada protección de los usuarios de servicios de pago, el Anteproyecto incluye un conjunto de obligaciones de información (sobre costes de las operaciones, fecha de recepción de la orden de pago, o importe de la operación) que el proveedor de un servicio de pago habrá de suministrar a los usuarios de dichos servicios, ya se trate de operaciones de pago singulares o de operaciones de pago reguladas por un contrato marco.
Los proveedores de servicios de pago quedarán obligados a facilitar de manera gratuita la información que en relación con la prestación de servicios de pago se determine reglamentariamente. El proveedor tan sólo podrá cobrar por información adicional o más frecuente y, en todo caso, de manera proporcionada a los costes efectivamente soportados.
Para la protección de los derechos de los clientes de servicios financieros, el Anteproyecto incluye un amplio conjunto de derechos y obligaciones derivados de la relación contractual entre el prestador del servicio de pago y el usuario de un servicio.
Asimismo, incide en el buen uso de los instrumentos de pago, incrementa de manera notable el nivel de protección de los usuarios tanto a nivel general como en relación con cada uno de los aspectos sustanciales de la relación contractual previstos, es decir los relativos a los gastos aplicables, la autorización de operaciones de pago y la ejecución de órdenes de pago.
Por último, el Anteproyecto se refiere a los gastos aplicables. Se prevé que en toda prestación de servicios de pago que no incluya una conversión en divisas los gastos serán compartidos entre ordenante y beneficiario; se trata de la conocida como cláusula "share" novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, ya que hasta el momento los gastos corren íntegramente de cuenta del ordenante
