MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, trasladó hoy al sector de las aseguradoras privadas que el Gobierno promoverá las modificaciones legislativas necesarias para regular la cobertura privada en situaciones de dependencia.
En el marco de unas jornadas sobre la Ley de la Dependencia organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección, Valcarce recordó que esta cuestión viene recogida en el proyecto de Ley, de tal manera que las modificaciones legales se llevarán a cabo en el plazo de 6 meses tras su publicación.
Valcarce destacó que el futuro Sistema Nacional de la Dependencia será de carácter público aunque contemplará el aseguramiento privado. "Los ciudadanos vamos a tener en nuestra mano la posibilidad de dedicar una parte de nuestros recursos económicos a incrementar nuestra protección futura", destacó mostrando su confianza en que el sistema asegurador el que capitalice el ahorro de los españoles junto con los planes de pensiones.
De esta manera, insistió en que el sistema se configurará como una a red de utilización pública en la que estarán integrados centros y servicios públicos y privados: centros locales, de las comunidades autónomas, de referencia estatal, así como los centros privados concertados.
Según dijo, estos últimos deberán contar con "la debida acreditación", que fijará el consejo territorial de la dependencia. De esta manera, se pretende garantizar la calidad e igualdad para todos los ciudadanos y dar criterios comunes a las empresas previsoras de servicios.
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS.
Por otra parte, Valcarce explicó las líneas generales del proyecto de Ley, entre ellas, que no sólo se valorará la pérdida o ausencia de autonomía personal a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria (comer, vestirse o lavarse), sino también "la necesidad de apoyo o supervisión por parte de la persona dependiente".
La secretaria de Estado apuntó que "esto es especialmente importante sobre todo para las personas con discapacidad psíquica o con una enfermedad mental". En la valoración se tendrá en cuenta también el entorno en el que viven estas personas a la hora de determinar las ayudas de carácter técnico que precisen.
Asimismo, indicó que el reconocimiento de la situación de la dependencia se realizará por parte de las comunidades autónomas, pero tendrá validez en todo el territorio del Estado. De esta manera, las personas recibirán un programa igual de atención y en el mismo se significarán las prestaciones o servicios que se le van a facilitar.
Según Valcarce, este programa se va a realizar de común acuerdo con el beneficiario o en su caso con la opinión de la familia o la entidad tutelar encargada de esta persona, "especialmente en los casos con discapacidad física o enfermedad mental".
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