MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Barcelona ha obligado a una entidad financiera a reintegrar casi 7.000 euros a un comerciante al que se le retuvo ese importe cuando se descubrió que las compras se habían realizado con una tarjeta clonada y sin autorización de su titular, informó hoy la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo).
El comerciante tenía contratado un terminal en punto de venta (TPV), y cuando el supuesto cliente interpuso la queja frente a la entidad por operaciones que no había realizado, ésta canceló un total de cuatro operaciones de venta fraudulentas al comerciante, que perdió los productos vendidos y el importe de los mismos.
Ausbanc afirmó que la sentencia "prueba que el resultado fallido de las operaciones no tuvo su origen en el incumplimiento del comerciante, sino en la anulación de las ventas por parte de la entidad bancaria". El Juzgado vinculó la responsabilidad en el caso de facturas desdobladas sólo a la entidad y a la plataforma de pago, exonerando de culpa al comercio afectado.
Según la asociación de usuarios, la entidad afirmó que el comerciante no identificó debidamente al titular de la tarjeta en el momento del pago, pero "la propia resolución judicial contempla tanto el amplio historial delictivo de los estafadores, como el posible uso de un pasaporte falso, para sentenciar que es la entidad bancaria quien debe asumir el riesgo de impago una vez que el comerciante acepta contractualmente cualquiera de las tarjetas adscritas al sistema de pago concertado".
