MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha tachado de "exceso" la retribución por importe máximo de 10,15 millones de euros anuales que percibirá la cúpula directiva de Bankia, el grupo que integran Caja Madrid y Bancaja y cinco cajas más.
Gómez respondió así al ser preguntado por la remuneración dada a conocer este miércoles del presidente de Bankia, Rodrigo Rato, el vicepresidente, José Luis Olivas, y el consejero delegado, Francisco Verdú.
El ministro de Trabajo resaltó, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, que ese nivel retributivo "no puede sostenerse con dinero público", en alusión a las entidades que han recibido apoyo el Estado, entre la que se encuentra el grupo de siete cajas.
"No es una buena estrategia en este momento en el que lo que se exige es sacrificio y moderación salarial al conjunto de empresas que entidades privadas con apoyo público tengan esas retribuciones", dijo Gómez.
El ministro agregó que entre las causas del crecimiento exponencial del crédito en España está el modelo retributivo en el sector financiero, que ha sido excesivamente proclive a la asunción de riesgos.
Este comportamiento se ha registrado tanto en las cúpulas de las entidades como en las oficinas bancarias, donde la remuneración se vinculaba a la consecución de objetivos relacionados con la formalización de créditos, sostuvo.
DACIÓN EN PAGO.
En cuanto a la dación en pago, que supone la amortización del crédito hipotecario con la entrega de las llaves de la vivienda, tal y como sucede en el mercado hipotecario anglosajón, Gómez indicó que encarece este tipo de préstamos.
El ministro consideró que las entidades financieras deben esforzarse en informar a los clientes de que en España el titular de una hipoteca no la anula entregando las llaves, sino que ha de saldar la deuda del importe del préstamo y responder con su patrimonio.
"La información a clientes que ha sido muy insuficiente en estos años", recalcó Gómez, que también defendió la última medida anunciada por el Gobierno para proteger a las personas en proceso de ejecución hipotecaria por imposibilidad de pago.
En este sentido, consideró que elevar a más de 900 euros el importe del sueldo no embargable permite proteger a los afectados un nivel digno de vida. "No es nada del otro mundo, pero permite mantener cierta seguridad", apuntó.
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