TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha anunció hoy que va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la región en las que instará a los grupos parlamentarios del PSOE y del PP a poner en marcha una comisión de investigación que estudie, aclare y dé transparencia a la gestión de Caja Castilla La Mancha (CCM).
Así lo puso de manifiesto en rueda de prensa su coordinador regional, Daniel Martínez, quien explicó que es necesario que una comisión de investigación determine cuál ha sido el modelo de desarrollo que ha impulsado la caja de ahorros castellano-manchega y se depuren las responsabilidades oportunas.
Según afirmó, esa futura comisión de investigación debería llegar a una conclusión clara: no se pueden volver a cometer los mismos errores que se han cometido en la gestión de la Caja Castilla La Mancha "porque es un lujo que los castellano-manchegos no nos podemos permitir", puntualizó el coordinador regional de IU.
Ante la posibilidad de que la entidad financiera tenga un 'agujero' económico de 3.000 millones de euros, Martínez consideró que en la CCM no se pueden mantener a los gestores actuales. "El saneamiento de la caja necesita otras manos, otras ideas, otras formas de hacer y otros comportamientos al frente de la misma".
"No nos fiamos de los que han llevado a la CCM a la situación actual, por tanto no creemos que estén en la actualidad, y si además hay una inyección de dinero público, no queremos que este dinero lo gestionen quien ha llevado a la caja a esta situación de riesgo", aseveró Daniel Martínez.
Por otra parte, dijo que IU no comparte la posición del PP con respecto CCM porque considera que está actuando de forma "irresponsable". Además, cree que el PP ha sido cómplice necesario y responsable directo de la gestión de la caja en los últimos años con su beneplácito en las decisiones del Consejo de Administración.
Finalmente, dijo que "parece claro que se va a tener que inyectar dinero público para sanear nuestra caja de ahorros y ello tiene que llevar aparejado sin ningún género de dudas, el control público absoluto sobre la entidad de crédito". A su juicio, "hay que garantizar los fines sociales y económicos concretos de la caja".
