MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, informó hoy de que ha iniciado de oficio una investigación ante la Secretaría de Estado de Economía sobre "el vacío normativo existente respecto de las sociedades de inversión en bienes tangibles".
"De los últimos acontecimientos se evidencia que la protección de los inversores no sólo no es suficiente, sino que no existe coordinación institucional destinada a que dicha protección sea efectiva", asegura la nota de la Defensoría.
Frente a esta situación, considera que "la única opción posible es la confianza en los gestores, que, al margen de los controles que la legislación mercantil pueda establecer, no parecen encontrar barreras en el sistema para que las operaciones realizadas ofrezcan cierta transparencia pública antes de entrar directamente en sospecha de fraude".
Asimismo, critica que "la capacidad de un inversor medio de conocer el valor real de sus activos es prácticamente nula, debido al sistema cerrado de valoración de los bienes objeto de inversión".
Por ello, considera "muy preocupante" que, "tras años de investigaciones por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en las que se ponían de manifiesto dudas razonables sobre la transparencia y legalidad de las operaciones de estas sociedades, se permitiera que las operaciones continuaran con normalidad, ampliando el número de afectados y asumiendo el riesgo de que el fraude tuviera un alcance mucho mayor".
El Defensor del Pueblo también está tramitando ante las Administraciones Públicas las numerosas quejas individuales de los afectados de AFINSA y Forum Filatélico dirigidas a la Institución acerca de la posible responsabilidad administrativa, que se han presentado en los últimos días.
