MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aprobó hoy la aportación a las organizaciones de consumidores y usuarios de "los recursos necesarios" para que puedan atender a la defensa de los intereses de los afectados por la presunta estafa filatélica, incluida la "defensa jurídica gratuita".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó hoy en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros que el objetivo es que los consumidores "tengan toda la información y el apoyo para construir sus reclamaciones ante la Justicia", por ello los primeros recursos van dirigidos a estas organizaciones.
De la Vega señaló que el Gobierno estudia iniciativas legales para incrementar la "transparencia" y el "control" de este tipo de inversiones, y adoptar medidas que vayan más allá de las auditorías que ya estaban establecidas para este tipo de sociedades. La vicepresidenta también indicó que el Gobierno "no comparte" la legislación aprobada en el año 2003, que calificó este tipo de aportaciones como inversiones de consumo, y afirmó que en estos momentos hay una reclamación "legítima" de que se den más garantías.
En este sentido, indicó que el Ejecutivo estudiará con las comunidades autónomas y el resto de grupos políticos medidas para el establecimiento de mecanismos de control que refuercen la transparencia en este tipo de productos, sin olvidar su naturaleza de bienes tangibles. Además, apuntó que hay previstas iniciativas parlamentarias para la próxima semana en las que se buscarán "posiciones comunes" para dicha legislación.
Tras afirmar que hay muchos afectados y que el Gobierno "se va a ocupar y preocupar por ellos", de la Vega subrayó que el Ejecutivo también se ha comprometido a pedir a la Audiencia Nacional la creación de una ventanilla única de información sobre la tramitación judicial de este caso, y a coordinar y colaborar con las comunidades autónomas y las organizaciones de consumidores "para canalizar las reclamaciones de los afectados". En este sentido, de la Vega afirmó que las organizaciones de consumidores ya informan a los perjudicados sobre las prevenciones que deben tomar para solucionar su situación.
De la Vega señaló que corresponde a la autoridad judicial marcar las actuaciones a realizar y determinar el alcance de los delitos, y dijo que su intervención "es la mejor" para proteger a los afectados. También señaló que el Gobierno se preocupará de que la Justicia funcione "rápidamente".
De la Vega dijo que desde el poder judicial se está actuando "con agilidad", y que a través de esa intervención se tendrán que determinar los activos líquidos de que disponen las entidades depositarias intervenidas, mobiliarios e inmobiliarios, e incluso las pólizas de seguros que hayan suscrito esas entidades. La vicepresidenta señaló que espera que, con todos estos recursos, que los afectados puedan recuperar sus inversiones.
Ante la posibilidad de que se prolongue el proceso judicial, "va a ser sensible" y que estudiará "medidas de apoyo para las economías más precarias", aquellas familias que puedan sufrir "necesidades derivadas de esta situación", como determinados tipos de apoyo financiero.
De la Vega no detalló el alcance de estas medidas, y dijo que el Ejecutivo necesita un diagnóstico del alcance de la situación en cuanto al número de afectados y a la cuantía. "Queremos que en estos primeros días tengan tranquilidad y seguridad de que no abandonamos a su suerte a los ciudadanos", sentenció.
