Unespa pide que la DGSFP tenga un tratamiento "equivalente" a Banco de España y CNMV

La presidenta de UNESPA, Mirenchu del Valle Schaan, durante una entrevista para Europa Press, a 2 de febrero de 2024, en Madrid (España).
La presidenta de UNESPA, Mirenchu del Valle Schaan, durante una entrevista para Europa Press, a 2 de febrero de 2024, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press
Publicado: domingo, 18 febrero 2024 12:38

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, ha pedido que el supervisor del sector asegurador, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), tenga un tratamiento "equivalente" al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como autoridades de supervisión financiera.

Así lo ha trasladado en una entrevista con el Colegio de Mediadores de Madrid recogida por Europa Press, tras ser preguntada por la tramitación del Anteproyecto de Ley de Creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero.

Sobre esta autoridad, Del Valle explica que, desde este año, las aseguradoras, las entidades de crédito y las instituciones de inversión colectiva pasarán a relacionarse con esta nueva autoridad que unifica, en una misma institución, los servicios de atención de reclamaciones que antes dependían del Banco de España, la CNMV y la DGSFP.

"En nuestra opinión, el sector asegurador desempeña sus servicios con resultados muy positivos. Así se desprende de la poquísima conflictividad que generan los siniestros, tal y como recoge la Memoria de reclamaciones de la DGSFP", defiende la patronal.

De esta forma, Del Valle cree que "hubiera bastado" con mejorar los servicios de los supervisores actuales y potenciar su coordinación, y no crear un nuevo organismo.

Por otra parte, Unespa señala que ha logrado, durante la tramitación del primer anteproyecto, que finalmente no llegó a aprobarse por la convocatoria anticipada de elecciones, que se reconocieran "muchas especificidades" del sector asegurador en su operativa.

"Por ejemplo, la tasa que pagarán las entidades variará en función de las reclamaciones recibidas y favorables al cliente, en lugar de ser un importe fijo. También quedarán por definir importantes aspectos prácticos para su puesta en marcha, entre ellos, la composición del comité consultivo", señala Mirenchu Del Valle.

En este sentido, el Consejo General de Mediadores señala que ha presentado diez alegaciones al anteproyecto del futuro supervisor para reclamar, por ejemplo, la "necesidad" de formar parte del consejo consultivo. En este aspecto, Del Valle señala que quedan "cuestiones pendientes de cerrar" en esta materia y que Unespa ha participado "activamente" en el proceso de audiencia pública del anteproyecto.

"Una de ellas es el carácter vinculante de las resoluciones de la autoridad o el hecho de que puedan imponer indemnizaciones, algo que consideramos que debería estar reservado a jueces y tribunales, tal y como fue puesto de manifiesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por el Consejo de Estado durante la tramitación de la norma previa a la convocatoria de elecciones generales. También se echa en falta que la DGSFP tenga un tratamiento equivalente a Banco de España y CNMV, como autoridades de supervisión financiera", ha explicado.

Sobre elevar el límite de 1.500 euros al año en aportaciones a los planes de pensiones individuales, con el objetivo de impulsar los planes de empleo, Mirenchu del Valle ha pedido contar con "régimen transitorio" para aquellos trabajadores y autónomos que no cuenten todavía con un sistema, ya sea de sector o de empresa, al que puedan contribuir, permitiendo así que puedan realizar aportaciones superiores a sus sistemas de previsión social individual con el compromiso de trasladarlas luego a los sistemas de empleo una vez constituidos.

"Otra manera de impulsar el desarrollo de la previsión social empresarial sería a través de incentivos para convencer a las empresas de que constituyan sistemas de previsión social para sus trabajadores", ha sostenido.

En este sentido, ha apuntado que una posibilidad sería permitir que todas las contribuciones que se realicen a favor de los sistemas de empleo de los trabajadores no coticen a la Seguridad Social, tal y como sucedía hasta 2012 (en la actualidad tales contribuciones no cotizan hasta un límite anual de 1.431 euros al año).